La administración de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (FEPADA) vuelve a quedar bajo la lupa por millonarias transferencias públicas que, hasta hoy, no tienen una explicación convincente ante la ciudadanía.
No existe una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público. Sin embargo, los elementos expuestos públicamente serían suficientes para que la Fiscalía actúe de oficio y abra una investigación penal sobre el manejo de los recursos transferidos a la federación en los últimos años.
Entre 2018 y 2022, la Secretaría Nacional de Deportes transfirió más de G. 5.517 millones a la FEPADA. Uno de los puntos más llamativos es el pago realizado en julio de 2018 a la firma CONSAR S.R.L. por más de G. 15 millones para la reparación del sistema eléctrico del Centro Acuático Nacional. No obstante, registros fotográficos previos a los Juegos ODESUR ASU 2022 evidenciarían que el tablero eléctrico no se encontraba en funcionamiento, lo que pone en tela de juicio la efectiva prestación del servicio.
El foco principal se concentra en la reiterada adjudicación directa a la empresa unipersonal FF Servicios y Transportes, propiedad de Fidel Fleitas Núñez, que entre 2018 y 2022 recibió importantes sumas para la “organización” de torneos nacionales e internacionales. Según datos disponibles, la firma tendría como actividades declaradas limpieza, transporte y servicios generales, lo que despierta interrogantes sobre su idoneidad para encargarse de competencias deportivas de alto nivel.
A esto se suma otra situación irregular: desembolsos destinados al mantenimiento de la pileta del Club Ypacaraí —que no figura como afiliado activo— por más de G. 439 millones entre 2020 y 2021, a favor de SEPROPAR S.A. y KONIA S.A. Sin embargo, la infraestructura actualmente presenta signos de abandono.
Poder, política y silencio
Juan Carlos Orihuela no es un dirigente más. Además de haber presidido la FEPADA durante años, hoy es secretario general del Comité Olímpico Paraguayo, mantiene la vicepresidencia de la federación Paraguaya de Deportes Acuaticos y ha incursionado activamente en el escenario político partidario como uno de los principales operadores del candidato cartista Camilo Pérez López Moreira, actual presidente del COP.
La relación entre Camilo Pérez y Orihuela se consolidó desde la llegada de Pérez a la presidencia del Comité Olímpico. Desde entonces, las denuncias y cuestionamientos sobre rendiciones ante la Contraloría General de la República no han cesado.
Ahora, el actual presidente de la FEPADA, Benjamin Hopckin, también queda bajo presión. Canal-E intentó comunicarse con Juan Carlos Orihuela para conocer su versión de los hechos y no obtuvo respuesta. La misma situación se dio con Hopckin.
El silencio, ante el manejo de millones de guaraníes provenientes del Estado y transferidos a entidades privadas, solo profundiza las dudas.
¿Investigación o encubrimiento?
El actual ministro de Deportes, César Ramírez, debería impulsar una investigación profunda sobre al menos los últimos diez años de gestión en la FEPADA. La Contraloría, por su parte, cuenta con herramientas suficientes para derivar documentación a la justicia si detecta inconsistencias.
Un grupo de dirigentes analiza presentar formalmente las irregularidades ante los órganos judiciales, aprovechando la alta exposición política tanto de Camilo Pérez como de Orihuela.
Además, crecen las sospechas sobre un eventual esquema de federaciones “privilegiadas”, donde coincidentemente las autoridades forman parte del Comité Olímpico Paraguayo.
La Fiscalía tiene elementos para actuar. La Contraloría también. La pregunta es si lo harán o si el blindaje político volverá a imponerse sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.