Mientras se instala el discurso oficial de “economía de guerra”, los hechos muestran otra realidad. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que dejará de percibir bonificaciones por el resto de su mandato, hasta 2028. Sin embargo, la decisión llega después de haber acumulado, desde julio de 2023, cerca de G. 700 millones en ese concepto.
El propio titular del Legislativo reconoció que estas asignaciones están contempladas en el presupuesto vigente desde 2018, pero sostuvo que el problema actual es “político y ético”. Bajo ese argumento, resolvió renunciar al beneficio y anunció que impulsará un proyecto de ley para eliminar este tipo de bonificaciones en los tres poderes del Estado, dirigidas a cargos de conducción política.
La pregunta, sin embargo, es inevitable: ¿se trata de una decisión ética o de una reacción ante la exposición pública?
El anuncio se da en un contexto donde el propio Gobierno insiste en la necesidad de ajustar el gasto público. Mientras tanto, la realidad cotidiana sigue marcada por hospitales sin insumos básicos, programas sociales limitados y miles de familias que deben estirar sus ingresos para llegar a fin de mes.
En ese escenario, los privilegios dentro del Congreso no solo se mantuvieron, sino que se sostuvieron durante meses bajo mecanismos legales establecidos por la propia clase política. No se trata de un hecho aislado, sino de un esquema estructural en el que los mismos legisladores definen, administran y preservan sus beneficios.
La discusión, entonces, no pasa únicamente por la renuncia anunciada, sino por el tiempo en que estas asignaciones fueron percibidas sin cuestionamientos internos. Tampoco por la legalidad del mecanismo, sino por la falta de reacción ante un contexto que exige coherencia entre el discurso y la práctica.
Porque mientras la ciudadanía ajusta sus gastos, quienes administran los recursos públicos continúan operando dentro de un sistema que les permite sostener ventajas que el común de la población ni siquiera conoce en su totalidad.
La indignación no se limita a lo cobrado. Apunta a cómo se normalizó, al silencio que lo rodeó y a la tardía reacción.
Y deja una interrogante abierta que excede a un solo caso: ¿hasta cuándo?