El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó una controvertida reforma que habilita la prisión perpetua para menores de edad desde los 12 años, en casos de delitos graves como homicidio, violación, terrorismo, feminicidio y participación en pandillas. La medida fue aprobada previamente por una Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo y entrará en vigencia el próximo 26 de abril.
La reforma elimina en la práctica parte del régimen especial que protegía a adolescentes de entre 12 y 18 años dentro del sistema penal juvenil. Además, contempla la creación de nuevos tribunales y revisiones obligatorias de las condenas a largo plazo, aunque el giro de fondo es claro: el Gobierno de Bukele apuesta por endurecer al extremo el castigo penal contra menores, en medio de su ya prolongado régimen de excepción.
El cambio generó fuerte rechazo de organismos internacionales. El Comité de los Derechos del Niño y UNICEF expresaron su “profunda preocupación” y advirtieron que imponer prisión perpetua o encierros excesivamente prolongados a adolescentes contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige priorizar la rehabilitación, la reintegración y que la privación de libertad sea el último recurso y por el menor tiempo posible.
La nueva ofensiva punitiva llega en un contexto cada vez más cuestionado para el gobierno salvadoreño. Desde el inicio del régimen de excepción en 2022, más de 90.000 personas fueron detenidas y organizaciones humanitarias reportan cientos de muertes bajo custodia estatal. Aunque Bukele sostiene que estas políticas redujeron la violencia y le dieron respaldo popular, sus críticos advierten que El Salvador sigue avanzando hacia un modelo de poder cada vez más concentrado, con menos garantías y mayor castigo.