El Gobierno de Santiago Peña volvió a quedar en evidencia por una nueva marcha atrás en una decisión sensible que afecta directamente a jóvenes de todo el país, especialmente del interior. El Ministerio del Interior había comunicado que no habría recursos para incorporar nuevos estudiantes a la Policía Nacional para el año 2027, pero ahora el propio presidente anunció que el tema será “reevaluado” y que buscarán la forma de conseguir los fondos.
La situación genera una pregunta inevitable: ¿el presidente de la República y el ministro del Interior, Enrique Riera, no realizaron los análisis necesarios antes de tomar y comunicar una decisión de semejante impacto social?
No se trata de un asunto menor ni de una simple reorganización administrativa. La medida golpeó las expectativas de numerosos jóvenes que ven en la Policía Nacional una de las pocas posibilidades concretas de acceder a un empleo formal. En varias zonas del interior, donde las oportunidades laborales son escasas, las salidas más cercanas siguen siendo la Policía, la docencia o algún puesto en salud pública.
Sin embargo, desde el Gobierno se intentó presentar el reclamo como una cuestión vocacional. Santiago Peña afirmó que los jóvenes reclaman porque les gusta servir a la Policía Nacional. Pero el problema de fondo es mucho más profundo: los jóvenes reclaman porque necesitan trabajar, porque buscan estabilidad y porque el Estado no les ofrece alternativas reales para construir un futuro en sus propias comunidades.
No es que todos los jóvenes quieran ser policías como única aspiración de vida. Muchos se ven empujados a ese camino porque no encuentran empleo, porque no hay inversión suficiente, porque el sector privado no llega a sus ciudades y porque el Estado no genera políticas efectivas de inserción laboral juvenil.
A eso se suma el enorme sacrificio económico que implica intentar ingresar a la institución. Cursos preparatorios, uniformes, traslados, alimentación, documentaciones y otros gastos terminan recayendo sobre las familias. En muchos casos, se trata de hogares humildes que hacen un esfuerzo enorme con la esperanza de que sus hijos puedan acceder a un trabajo estable.
Por eso, anunciar primero que no habrá recursos y luego decir que se va a “reevaluar” no solo demuestra improvisación, sino también una preocupante falta de sensibilidad. Se juega con la expectativa de jóvenes y familias que ven en esta oportunidad una salida frente a la falta de empleo y al abandono estatal.
El Gobierno de Santiago Peña vuelve así a mostrar una administración que comunica decisiones delicadas sin una planificación clara. Primero golpea, después retrocede y finalmente intenta presentar la corrección como una búsqueda de soluciones.
Mientras el discurso oficial habla de oportunidades, la realidad vuelve a mostrar a miles de jóvenes esperando respuestas concretas. No piden privilegios. Piden trabajo, previsibilidad y un Estado que no los use como parte de anuncios improvisados.
La marcha atrás del Gobierno no resuelve el problema de fondo: la falta de oportunidades para la juventud paraguaya, especialmente en el interior del país. Y mientras esa realidad no cambie, cada decisión mal comunicada seguirá profundizando la desconfianza hacia una administración que promete futuro, pero vuelve a dejar a los jóvenes al margen.