A más de una década del histórico “UNA no te calles”, movimiento estudiantil que sacudió a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con denuncias de planillerismo, privilegios y manejos internos, la principal universidad pública del país vuelve a atravesar elecciones de autoridades bajo un escenario cargado de cuestionamientos.

En la Facultad Politécnica y en la Facultad de Ingeniería (FIUNA), dos nombres concentran hoy buena parte de las críticas: Claudio Barúa y Rubén López. Ambos buscan consolidar su poder dentro de sus respectivas unidades académicas mientras alrededor de sus procesos electorales se acumulan denuncias, reclamos estudiantiles y preguntas que los Consejos Directivos deberían responder antes de entregarles nuevamente el control de una facultad.

Politécnica: la elección de termina rodeada de denuncias y acusaciones de intimidación

En la Facultad Politécnica, el actual vicedecano Claudio Barúa pretende llegar al decanato en medio de cuestionamientos que ya excedieron la discusión puramente electoral.

Barúa viene siendo señalado públicamente por presuntas irregularidades vinculadas al cumplimiento de funciones y horarios en instituciones públicas. A esos antecedentes se suma ahora una situación todavía más grave alrededor de la elección de autoridades.

La actual decana de la Facultad Politécnica, Silvia Teresa Leiva León, emitió un comunicado dirigido a toda la comunidad educativa en el que afirmó haber recibido “constantes amenazas” contra su integridad y denunció que un grupo de estudiantes llegó hasta su residencia particular, donde vive con su familia y una hija menor, con el supuesto objetivo de intimidarla por los acontecimientos relacionados con la elección de decano y vicedecano.

Leiva informó además que realizó las denuncias correspondientes ante las instituciones competentes y puso a disposición de las autoridades evidencias, entre ellas capturas de conversaciones de grupos de WhatsApp.

Según la propia decana, en esas comunicaciones existirían expresiones de un representante estudiantil y de otros alumnos que, de manera reiterada, “incitan a la violencia y al odio”, poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia.

El comunicado describe un escenario institucional extremadamente delicado: una elección universitaria que, en lugar de resolverse exclusivamente mediante votos, normas y procedimientos internos, termina con la máxima autoridad de la Facultad denunciando amenazas y la presencia de estudiantes frente a su vivienda.

Leiva también denunció que durante su gestión soportó presiones constantes de grupos sectoriales que, según afirmó, estuvieron motivados por ambiciones personales y buscaron desestabilizar el gobierno de la Facultad.

Aunque el comunicado no atribuye directamente esos hechos a Claudio Barúa, la denuncia se produce en pleno conflicto por una elección en la que el actual vicedecano es uno de los principales interesados. Por ello, corresponde que tanto Barúa como los sectores que respaldan su candidatura expliquen públicamente qué conocimiento tienen de estos episodios y se deslinden inequívocamente de cualquier forma de presión, amenaza o intimidación.

Una universidad pública no puede permitir que una elección de decano termine con denuncias en una comisaría o eventualmente ante el Ministerio Público.

Y mucho menos puede normalizar que quienes cuestionan un resultado electoral sean presionados para firmar documentos cuya validez podría terminar siendo discutida judicialmente.

¿Puede elegirse un decano mientras existen dudas sin aclarar?

El problema con la candidatura de Barúa tampoco comenzó con esta crisis electoral.

Su nombre ya fue objeto de publicaciones sobre posibles irregularidades relacionadas con el cumplimiento de funciones públicas y supuestas incompatibilidades horarias. Son acusaciones que deben ser investigadas y respecto de las cuales corresponde garantizar el derecho a defensa del involucrado.

Pero precisamente por tratarse de alguien que pretende conducir una institución pública de educación superior, el estándar debería ser mayor.

La pregunta no debería ser solamente si existen votos suficientes para hacerlo decano.

La pregunta debería ser: ¿fueron aclarados satisfactoriamente los cuestionamientos que pesan sobre quien pretende administrar una Facultad de la Universidad Nacional de Asunción?

Porque ganar una votación interna no elimina las dudas sobre la conducta de un candidato.

FIUNA: Rubén López busca seguir mientras crecen los cuestionamientos

La situación de la Facultad de Ingeniería de la UNA tampoco ofrece una imagen mucho más alentadora.

El actual decano Rubén López busca la reelección luego de una gestión marcada recientemente por cuestionamientos sobre la manera en que la institución actuó ante una denuncia de supuesto acoso de carácter sexual .

El caso provocó fuertes críticas entre estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, que cuestionaron la respuesta institucional y la protección brindada a la estudiante denunciante.

Pero las críticas contra López ahora también alcanzan a la estructura política que sostiene su candidatura dentro del Consejo Directivo.

Uno de los episodios más visibles ocurrió cuando estudiantes increparon a Herbert Raúl Segovia, representante de los graduados, luego de que este respaldara con su voto al actual decano.

Los alumnos cuestionaron especialmente que Segovia, quien anteriormente fue presidente del Centro de Estudiantes y participó de luchas estudiantiles dentro de la institución, hoy acompañe políticamente a una administración cuestionada.

Para ellos, su posición representa una contradicción con las banderas que defendió durante su etapa estudiantil.

Los salarios que también generan preguntas

En medio de la disputa electoral también comenzaron a circular planillas salariales correspondientes a funcionarios vinculados a la institución.

Según la documentación difundida, Herbert Raúl Segovia figura con una remuneración de G. 6.123.363, mientras que Hermann Rigoberto Segovia aparece con G. 30.499.065.

En la misma planilla aparecen otras remuneraciones importantes: Luis Andrés Centurión con G. 17.972.761; Raúl Igmar Grégor con G. 29.606.745; Carlos Gustavo Martínez con G. 31.798.473 y Fulgencio Aquino Duarte con G. 29.776.599.

La existencia de esos salarios, por sí sola, no demuestra ningún acto irregular ni permite afirmar que exista una contraprestación política por los votos dentro del Consejo Directivo.

Sin embargo, ante las acusaciones formuladas por estudiantes, la administración de Rubén López debería transparentar qué cargos ocupan estas personas, qué funciones desempeñan, qué carga horaria cumplen, cómo fueron designadas y cuál es la justificación institucional de cada remuneración.

Los estudiantes sostienen que detrás de ciertos votos existirían intereses vinculados a cargos y beneficios económicos. Esa es una acusación grave que no debe presentarse como un hecho probado sin evidencias, pero tampoco puede ser despachada simplemente con silencio.

La mejor respuesta sería la transparencia.

¿Los consejeros votan candidatos o estructuras de poder?

El problema central que dejan las elecciones en Politécnica y FIUNA va mucho más allá de Claudio Barúa o Rubén López.

Lo que está nuevamente bajo cuestionamiento es el sistema mediante el cual pequeños consejos terminan definiendo quién controlará durante años facultades enteras, presupuestos millonarios, nombramientos, concursos y cargos.

Los consejeros deberían explicar a toda la comunidad universitaria qué elementos analizan antes de emitir sus votos.

¿Se analiza la gestión académica?

¿Se revisan denuncias administrativas?

¿Se consideran cuestionamientos éticos?

¿Se evalúa la forma en que un decano respondió ante una denuncia de acoso?

¿Importan las denuncias de presunto planillerismo?

¿Importan los cuestionamientos sobre salarios, nombramientos y posibles conflictos de intereses?

¿O únicamente importa alcanzar la cantidad necesaria de votos dentro de una sala?

Del “UNA no te calles” a una universidad que vuelve a hacerse las mismas preguntas

El movimiento “UNA no te calles” nació precisamente como una reacción contra prácticas que durante años parecían naturalizadas dentro de la universidad pública: planillerismo, privilegios, operadores políticos, salarios cuestionados, estructuras cerradas de poder y autoridades que administraban facultades como territorios propios.

Hoy, muchos de aquellos estudiantes ya son profesionales.

Otros incluso llegaron a ocupar espacios dentro de los mismos consejos que anteriormente cuestionaban.

Por eso resulta inevitable preguntarse cuánto cambió realmente la Universidad Nacional de Asunción.

En Politécnica hay una elección cuestionada, denuncias de amenazas y una decana que afirma que estudiantes llegaron hasta la casa donde vive con su hija menor.

En Ingeniería, un decano busca mantenerse en el cargo en medio de cuestionamientos por el tratamiento institucional de una denuncia de supuesto acoso, mientras estudiantes ponen bajo cuestionamiento los votos de miembros del Consejo y los salarios percibidos dentro de la institución.

Y detrás de todo aparece nuevamente el mismo problema: una universidad donde las disputas por el poder parecen ocupar tanto espacio como la discusión sobre calidad académica, investigación y formación profesional.

Una casa de estudios que exige excelencia a sus alumnos debería exigir todavía más a quienes quieren gobernarla.

Porque el verdadero legado del “UNA no te calles” no debería consistir simplemente en recordar una consigna cada cierto tiempo.

Debería significar que ningún decano, vicedecano, consejero o candidato esté por encima de las preguntas.

Si después de más de diez años seguimos hablando de presunto planillerismo, denuncias de acoso, salarios millonarios, disputas por cargos y ahora hasta acusaciones de amenazas alrededor de elecciones universitarias, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿qué cambió realmente en la UNA?