El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) volvió a postergar el tratamiento del caso que involucra a la jueza de Ciudad del Este, Cynthia Garcete, sospechada de presunto mal desempeño en sus funciones. La decisión se dio durante la última sesión del órgano, pese a que el caso se encuentra en estudio desde agosto de 2025.
La magistrada es cuestionada por haber otorgado arresto domiciliario a un joven sindicado de asesinar a su padre con más de 40 puñaladas, un hecho que generó fuerte repercusión pública y motivó la intervención del órgano juzgador.
Una nueva dilación en el proceso
Durante la sesión, la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, puso a consideración de los miembros el análisis del caso. Sin embargo, la discusión se vio interrumpida tras la intervención del consejero Enrique Berni, quien solicitó informes sobre la existencia de una presentación reciente de la jueza investigada.
El actuario César Quintana confirmó que la magistrada había remitido un escrito junto con documentaciones el día previo a la sesión, las cuales fueron distribuidas a los miembros del Jurado vía correo electrónico.
Ante esta situación, el ministro de la Corte, César Garay, manifestó que no contaba con conocimiento del contenido de dicha presentación, por lo que consideró prudente posponer el tratamiento del caso para un análisis más detallado.
Mayoría acompañó la postergación
La moción de aplazamiento fue respaldada por varios integrantes del Jurado, entre ellos el ministro Manuel Ramírez Candia, el senador Mario Varela, además de Diego Candia, Alejandro Aguilera y el propio Berni.
Finalmente, el JEM resolvió fijar una nueva fecha para el tratamiento del caso el próximo 26 de marzo.
Un caso que genera cuestionamientos
El expediente de la jueza Garcete se arrastra desde hace meses sin una definición, lo que vuelve a poner en el centro del debate el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y los mecanismos de control sobre el desempeño judicial.
La reiterada postergación del caso alimenta cuestionamientos sobre posibles maniobras dilatorias dentro del órgano, en un contexto donde la ciudadanía reclama mayor celeridad y transparencia en los procesos contra magistrados.
El desenlace de este caso será clave para medir la capacidad del sistema de control judicial de responder a denuncias de presunto mal desempeño y garantizar la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.