La reclusión de Dalia López en una dependencia policial generó una fuerte controversia luego de que salieran a la luz imágenes y testimonios que evidencian presuntas mejoras irregulares dentro de su celda, lo que abre dudas sobre un posible trato privilegiado.
De acuerdo con informes y declaraciones de autoridades policiales, el espacio habría sido acondicionado con mobiliario, electrodomésticos, aire acondicionado e incluso un baño con mejoras, elementos que no forman parte de las condiciones habituales en este tipo de instalaciones. Además, se mencionan modificaciones estructurales como el retiro de barrotes para habilitar accesos internos.
El comisario Hugo Díaz señaló que estas intervenciones no fueron comunicadas previamente ni autorizadas conforme a los procedimientos administrativos, por lo que Asuntos Internos inició una investigación para determinar responsabilidades.
En la misma línea, el Crio. Marcelino Espinoza indicó que la celda de López habría sido la única en recibir este tipo de modificaciones, lo que refuerza las sospechas de un trato diferenciado dentro del recinto policial.
Otro punto que agrava el caso es la presunta participación de civiles en los trabajos realizados dentro de la comisaría, así como la supuesta compra e ingreso de muebles y equipamientos al lugar, lo cual está fuera de los protocolos establecidos.
Incluso, versiones señalan que se habría ofrecido un monto cercano a G. 30 millones a una funcionaria para permitir estas condiciones, lo que podría configurar un hecho de soborno, una línea que ya forma parte de las investigaciones en curso.
Desde el ámbito policial se reconoció que “administrativamente no corresponde” este tipo de situaciones, y si bien se intentó justificar las mejoras por cuestiones de salud de la detenida —quien permanecería en el lugar por aproximadamente 10 días—, se insistió en que no se pueden permitir privilegios fuera de la normativa.
Las autoridades adelantaron que el caso será analizado en profundidad y no se descartan sanciones para los responsables, en medio de un escenario que vuelve a poner en debate los controles y la transparencia dentro de las dependencias policiales.