La Entidad Binacional Itaipú vuelve a quedar en el centro del debate público tras la difusión de una planilla que revela la incorporación de 78 nuevos funcionarios, cuyos salarios representan un gasto mensual superior a G. 3.000 millones, monto equivalente —según el propio cuadro comparativo— a más de 5.100 pensiones de adultos mayores.
Los datos muestran remuneraciones que oscilan entre G. 26 millones y más de G. 150 millones, concentradas en cargos administrativos y técnicos incorporados en el último periodo. La cifra global refleja un impacto significativo en la estructura salarial de la entidad, financiada con recursos que provienen de la explotación hidroeléctrica compartida entre Paraguay y Brasil.
Itaipú y el uso político de cargos
Desde hace décadas, Itaipú es señalada como un espacio de alta influencia política. Diversos sectores cuestionan que, además de su rol estratégico en la generación de energía, la entidad haya sido utilizada históricamente como plataforma de nombramientos vinculados a estructuras partidarias y acuerdos internos de poder.
En este nuevo escenario, las designaciones se dan bajo el actual gobierno de Santiago Peña, con fuerte presencia del entorno político ligado al director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, figura con trayectoria en el aparato estatal y vínculos históricos con el oficialismo.
Impacto social y contraste presupuestario
El contraste entre el gasto salarial y las necesidades sociales vuelve a instalar el debate sobre prioridades públicas. Mientras miles de adultos mayores dependen de programas sociales con presupuestos limitados, la estructura administrativa de Itaipú continúa ampliándose con salarios que superan ampliamente el promedio del sector público.
Especialistas en gestión pública advierten que este tipo de incorporaciones debería estar respaldado por concursos transparentes, criterios técnicos claros y auditorías periódicas, para garantizar eficiencia y evitar el uso discrecional de recursos estratégicos.
Reclamos de mayor transparencia
Organizaciones civiles y sectores opositores insisten en la necesidad de publicar de manera detallada los criterios de contratación, perfiles profesionales y funciones específicas de los nuevos funcionarios. También solicitan que la Contraloría General de la República tenga acceso completo a los procesos administrativos de la entidad.
Itaipú, considerada una de las principales fuentes de ingresos estratégicos del país, vuelve así a quedar bajo la lupa pública, en un contexto donde crece la demanda ciudadana por mayor control, rendición de cuentas y uso socialmente responsable de los recursos binacionales.