Una licitación del Ministerio del Interior por más de G. 55.000 millones quedó bajo la lupa, luego de que se denunciara al Consorcio Cárnico por presuntamente falsificar documentos para ganar un contrato con la Policía Nacional.
El consorcio había sido adjudicado con uno de los lotes más grandes, por un valor de G. 18.858 millones, destinado al abastecimiento de alimentos para comisarías de todo el país.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) detectó facturas supuestamente falsificadas, que habrían sido utilizadas para simular una solvencia económica que no poseían.
El grupo está conformado por las empresas Kava Guaraní S.A. y Central Foods Comercial Industrial y de Servicios S.A., representadas por Ana Paula Silveira Fonseca, César Silva Da Fonseca, Fernando González Recalde y Leonardo Moisés Prieto Giménez. Según registros públicos, ninguna de las firmas contaba con antecedentes previos de provisión estatal, lo que incrementa las sospechas sobre la validez de su participación.
El contrato fue firmado el 7 de agosto, pero los fondos no fueron desembolsados debido a las irregularidades detectadas. La DNCP suspendió el proceso tras un pedido de revisión presentado por otra empresa participante, con el fin de verificar la autenticidad de los documentos.