La diputada Johana Vega y su hermano, el candidato a intendente de Mariano Roque Alonso, Julián Vega, se encuentran en el centro de cuestionamientos tras una denuncia pública que apunta al presunto uso de recursos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) con fines proselitistas.
Según la denuncia, materiales como chapas y maderas —destinados a asistir a familias afectadas por inundaciones— estarían siendo distribuidos en una subseccional colorada, bajo criterios políticos y no sociales. De acuerdo con los señalamientos, la entrega de ayuda se realizaría en base al padrón partidario, lo que implicaría que los beneficios alcanzarían únicamente a afiliados colorados.
La situación tomó mayor relevancia luego de que la propia legisladora publicara en sus redes sociales imágenes y mensajes sobre la asistencia brindada, destacando que la misma sería resultado de la “gestión” del candidato Julián Vega. Este punto es uno de los más cuestionados, ya que se trataría de recursos públicos canalizados bajo una narrativa de logro político-partidario.
El caso abre interrogantes sobre el uso de bienes del Estado en contextos electorales, en particular en situaciones de emergencia, donde la asistencia debería regirse por criterios de necesidad y urgencia, sin discriminación de ningún tipo. Asimismo, plantea posibles irregularidades en el manejo institucional de la SEN, cuya función es brindar apoyo a toda la ciudadanía afectada por desastres, independientemente de su afiliación política.
Hasta el momento, no se han dado a conocer respuestas oficiales por parte de la diputada ni del candidato involucrado. Tampoco se informó sobre la apertura de alguna investigación administrativa o intervención de organismos de control.
El hecho se suma a una serie de denuncias recurrentes en el ámbito político local sobre el uso de recursos públicos en campañas, una práctica que, de confirmarse, podría configurar faltas administrativas e incluso derivaciones penales.