Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público señala al intendente de Caazapá, Amado Baldomero Díaz Verón, por un presunto esquema que habría generado un perjuicio patrimonial cercano a los G. 4.000 millones, mediante la simulación de obras públicas y utilización de documentos presuntamente irregulares.
De acuerdo con la acusación, impulsada por los concejales Felipe Santiago Giménez Maciel y Alberto Amarilla Barrios, el monto estimado del daño asciende a G. 3.999.189.025, recursos que provendrían principalmente de fondos de royalties. La presentación también involucra a otras 15 personas, entre funcionarios municipales y representantes de empresas contratistas.
Presunto esquema con facturas y obras simuladas
Según el documento, se habría estructurado un mecanismo basado en la emisión de facturas y certificaciones para justificar pagos por obras que no se habrían ejecutado o que presentan inconsistencias. Los hechos son calificados provisoriamente como lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos públicos de contenido falso.
Los denunciantes sostienen que asociaciones civiles y empresas privadas habrían participado en el esquema, facilitando documentación para aparentar el cumplimiento de contratos que, en varios casos, no se reflejan en la realidad física de las obras.
Obras observadas y hallazgos
Entre los casos señalados en la denuncia figuran:
- Columbarios fúnebres: adjudicados por G. 467.410.275. Un acta de recepción indica finalización total, pero una verificación notarial constató que la obra está incompleta.
- Muralla en el Oratorio San Roque: financiada con G. 53.625.000. La inspección detectó inexistencia total de la construcción.
- Proyecto vinculado al Obispado: por G. 100.000.000, que según la denuncia habría sido cubierto por la Gobernación y no por el municipio.
- Sistema de semáforos: adjudicado por G. 423.753.750. En el lugar solo se hallaron estructuras sin los equipos correspondientes.
Caminos vecinales bajo cuestionamiento
La mayor parte del perjuicio denunciado se concentra en trabajos de enripiado de caminos. Según los concejales, en varios tramos no existen evidencias de ejecución pese a que figuran como finalizados en documentos oficiales.
Entre las observaciones se mencionan certificaciones de obras en zonas sin intervención, caminos declarados como transitables que permanecen en mal estado, y ausencia de maquinaria o materiales en los puntos inspeccionados.
Pedido de imputación y pericias
La denuncia solicita la imputación de los involucrados y el allanamiento de la Municipalidad de Caazapá, con el objetivo de resguardar documentos y avanzar en la investigación. También se requiere el análisis de cuentas bancarias para determinar la trazabilidad de los fondos y la realización de pericias técnicas sobre las obras cuestionadas.
Entre las personas mencionadas se encuentra la asesora contable municipal, cuya vivienda también fue incluida en el pedido de allanamiento.
Investigación en curso
El caso queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar la existencia o no de los hechos denunciados, así como la eventual responsabilidad de las autoridades municipales y terceros involucrados.
Los denunciantes sostienen que el impacto económico afecta directamente al patrimonio público del municipio, por lo que esperan avances en la investigación y eventuales medidas judiciales en el corto plazo.