Una grave denuncia salpica nuevamente la campaña del candidato colorado a la Intendencia de Mariano Roque Alonso, Julián Vega Insfrán. Esta vez, la acusación apunta al presunto retiro de un aire acondicionado entregado como reparación social en el marco de una causa judicial, que posteriormente habría terminado siendo utilizado como parte de una entrega proselitista.

Según la denuncia puesta a conocimiento de Canal-E, una persona sometida a un proceso penal debía cumplir una medida de reparación mediante la entrega de un equipo de aire acondicionado. La obligación habría sido efectivamente cumplida y el bien habría quedado bajo intervención de la Fiscalía.

Lo cuestionado ocurre después.

De acuerdo con la versión denunciada, Julián Vega habría retirado posteriormente ese equipo, presuntamente con conocimiento o autorización desde el ámbito fiscal, para luego entregarlo a terceros en el marco de su campaña por la Intendencia de Mariano Roque Alonso.

De confirmarse estos hechos, la situación requeriría una explicación inmediata tanto del candidato como del Ministerio Público: ¿quién autorizó el retiro?, ¿a qué institución o persona estaba originalmente destinado el aire acondicionado?, ¿bajo qué documento fue entregado a Vega? y, principalmente, ¿cómo terminó un bien proveniente de una reparación social vinculado a una actividad política?

LAS DONACIONES JUDICIALES NO SON APORTES DE CAMPAÑA

La figura de la reparación social está contemplada dentro del sistema penal paraguayo. El artículo 21 del Código Procesal Penal establece mecanismos vinculados a la reparación del daño dentro de la suspensión condicional del procedimiento.

En la práctica, el Ministerio Público ha informado en numerosas ocasiones sobre bienes entregados por personas procesadas en concepto de reparación social, que posteriormente son destinados a instituciones educativas, hospitales, CODENI u otras entidades de utilidad pública.

Por ejemplo, en febrero de este año la Fiscalía informó de la entrega de un aire acondicionado a una institución educativa de San Lorenzo mediante la figura de reparación social. En julio, dos acondicionadores de aire provenientes de una causa penal fueron destinados a la CODENI de Presidente Franco. Otro caso registrado en abril permitió entregar un equipo a un colegio de Ciudad del Este.

Es decir, se trata de bienes cuya procedencia está directamente relacionada con una causa judicial y cuya entrega debe responder a una finalidad social, no partidaria.

UNA CAMPAÑA RODEADA DE CUESTIONAMIENTOS

La nueva denuncia se produce en momentos en que Julián Vega busca llegar a la Intendencia de Mariano Roque Alonso por la Lista 1 de la ANR.

Vega, actual concejal y hermano de la diputada Johana Vega, ganó las internas coloradas con 10.235 votos, equivalentes aproximadamente al 61% de los sufragios de esa elección partidaria, imponiéndose ampliamente sobre sus adversarios. Ahora enfrenta al diputado liberal Marcelo Salinas en las municipales.

Pero su campaña ya estuvo rodeada de otras controversias.

En mayo, ciudadanos denunciaron públicamente que Vega y miembros de su equipo habrían retirado propaganda de adversarios políticos y colocado calcomanías de su candidatura en propiedades particulares. En aquel episodio también se cuestionó la supuesta participación de una funcionaria judicial en actividades proselitistas.

En marzo también hubo cuestionamientos por la utilización política de una asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional. ABC Color publicó entonces imágenes de Julián Vega y su hermana Johana acompañando la entrega de ayuda estatal a familias damnificadas mientras la actividad era difundida con contenido político.

Más recientemente, una comerciante de Mariano Roque Alonso denunció a Johana Vega por una presunta amenaza durante una recorrida electoral a favor de su hermano. La mujer aseguró que el conflicto se produjo después de expresar que no apoyaría la candidatura de Julián Vega.

AHORA LA FISCALÍA DEBE EXPLICAR

El nuevo episodio es especialmente delicado porque involucra un bien cuyo origen estaría relacionado con una causa penal.

Si el aire acondicionado efectivamente fue entregado como reparación social, corresponde establecer documentalmente cuál era su destino, quién recibió inicialmente el equipo, quién autorizó posteriormente su retiro y bajo qué fundamento terminó presuntamente en manos de un candidato en plena campaña electoral.

No basta con saber quién entregó finalmente el aire acondicionado. La trazabilidad del bien debe poder verificarse desde el expediente judicial hasta su beneficiario final.

Canal-E deja abierto el espacio para la versión de Julián Vega y de los responsables del Ministerio Público involucrados en el procedimiento.

La Fiscalía también tiene una responsabilidad institucional: aclarar si autorizó la salida del bien y, en caso afirmativo, explicar por qué y para qué finalidad.

Una reparación social ordenada dentro de una causa penal no puede convertirse, directa o indirectamente, en una herramienta de captación de votos. Si la denuncia se confirma documentalmente, ya no se estaría discutiendo solamente una cuestionable estrategia electoral, sino el eventual aprovechamiento político de un bien originado en una medida de carácter judicial.