La contratación de Patricia Itatí “Pato” Leguizamón como asesora en la Honorable Cámara de Diputados vuelve a generar cuestionamientos en el ámbito político.
De acuerdo con registros públicos de haberes, Leguizamón figura como contratada en la Cámara con montos presupuestados que rondan cifras superiores a los 13 millones de guaraníes mensuales y devengados que superan los 6 millones en distintos periodos. Su función formal es la de asesora política del presidente de la Cámara, Raúl Latorre.
Sin embargo, funcionarios consultados bajo reserva sostienen que no se la observa con regularidad en dependencias institucionales, pese a que el contrato establece un horario de 08:00 a 14:00. Según estos testimonios, las instrucciones a determinadas áreas se canalizarían mediante mensajería instantánea y su presencia física sería esporádica.
En Paraguay, el término “planillero/a” se utiliza para describir a personas que perciben salario del Estado sin cumplir funciones verificables o sin asistir regularmente a su lugar de trabajo. En este caso, no existe hasta el momento resolución administrativa ni imputación judicial que declare tal situación. No obstante, las denuncias internas y la falta de aclaraciones oficiales alimentan el debate.
También se cuestionan los criterios de contratación y los requisitos académicos exigidos para funciones de asesoría política en el Congreso. Según fuentes internas, Leguizamón no contaría con título universitario, aunque este extremo no fue aclarado públicamente por la institución.
Desde la Presidencia de la Cámara no se emitió hasta ahora un pronunciamiento oficial sobre el alcance específico de sus tareas ni sobre los mecanismos de control de cumplimiento laboral.
El caso instala una discusión más amplia sobre la transparencia en las contrataciones legislativas, el control efectivo de funciones y la justificación de salarios dentro del presupuesto público. En materia de gestión estatal, la falta de información clara no cierra el debate: lo profundiza.