El Gobierno de Santiago Peña vuelve a colocar bajo cuestionamiento su política de nombramientos. Esta vez, el beneficiado es Gerardo Manuel González Báez, hermano de Eduardo “Presi” González, apoderado general de la ANR, asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá y uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Horacio Cartes.
Mediante el Decreto N.º 6461, el Poder Ejecutivo designó a Gerardo González como miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento para el periodo 2025-2030, en reemplazo de Claudio Antonio Bacchetta Chiriani. El cambio implica también un movimiento político: el cargo que estaba ocupado por el hermano del exsenador abdista Enrique Bacchetta pasa ahora al entorno directo del cartismo.
La designación difícilmente puede ser presentada como un simple relevo técnico. El nuevo director del BNF venía desempeñándose como síndico de Ferrocarriles del Paraguay S.A. y, al mismo tiempo, figura entre los postulantes para ocupar la Contraloría General de la República. Ahora suma un lugar en la conducción de una de las instituciones financieras más importantes del Estado.
González Báez también ejerce la defensa de Gloria Morínigo, exactuaria procesada en el caso conocido como la “mafia de los pagarés”. Su llegada al BNF se produce, por tanto, en medio de antecedentes y vínculos que deberían ser explicados con absoluta transparencia por el Poder Ejecutivo.
Pero Gerardo no es el único integrante de la familia con presencia en espacios públicos. Su hermano Eduardo “Presi” González cumple funciones como apoderado general de la Asociación Nacional Republicana y asesor jurídico de Yacyretá, además de formar parte del círculo de confianza de Horacio Cartes.
Otra hermana, Minerva González, se desempeña como directora del Hospital Materno Infantil de Loma Pytã, institución dependiente del Ministerio de Salud.
“Donde vas, te sale un González”, dice una conocida expresión popular. En este caso, la frase parece encontrar una inquietante traducción en la estructura estatal: un hermano en el directorio del BNF, otro con cargos y funciones en Yacyretá y la ANR, y una hermana al frente de un hospital público.
El problema no consiste únicamente en el apellido ni en el parentesco. La cuestión de fondo es si los nombramientos responden a criterios de capacidad, trayectoria y concurso, o si los cargos públicos se distribuyen como parte de un sistema de favores y lealtades políticas.
Santiago Peña prometió construir un gobierno basado en la meritocracia. Sin embargo, la incorporación constante de familiares, operadores y personas cercanas al oficialismo fortalece la percepción de que el acceso a los principales espacios del Estado depende menos del mérito que de la cercanía con el poder.
El BNF administra recursos públicos y cumple una función estratégica para productores, comerciantes y pequeñas empresas. Su directorio no debería convertirse en una recompensa para los integrantes del primer anillo político de Horacio Cartes.
El Poder Ejecutivo debe explicar cuáles fueron los antecedentes técnicos evaluados para esta designación y por qué González fue escogido mientras, paralelamente, pretende convertirse en contralor general de la República.
El Estado no es una empresa familiar ni una seccional partidaria. Los cargos pertenecen a la ciudadanía y deben ser ocupados por personas elegidas mediante procedimientos transparentes, no por quienes tienen el número correcto guardado en la agenda del poder.
Vía: ABC Color