El actual presidente del Instituto de Previsión Social, Isaías Fretes, repite en medios de comunicación que encontró numerosas irregularidades dentro de la previsional tras la salida del doctor Jorge Brítez. Sin embargo, hasta ahora, la pregunta sigue sin respuesta: ¿esas denuncias tendrán consecuencias judiciales o quedarán solamente como parte de un discurso mediático?
La declaración jurada del ex presidente del IPS muestra datos que, como mínimo, deberían llamar la atención de los órganos de control. Según los registros abiertos de la Contraloría General de la República, Brítez pasó de declarar un patrimonio neto de G. 31.882 millones en 2023 a G. 32.564 millones en abril de 2026, al dejar la presidencia de la institución. Es decir, un incremento de más de G. 682 millones durante su paso por uno de los entes más cuestionados del Estado.
El dato no es menor. Brítez cerró su ciclo en la previsional con al menos 19 propiedades declaradas, casi todas concentradas en Luque, además de inmuebles en Mariano Roque Alonso y San Bernardino. Solo el valor de sus propiedades pasó de G. 25.731 millones a G. 28.631 millones en tres años, una diferencia de G. 2.900 millones.
Mientras tanto, Fretes denuncia públicamente supuestas irregularidades administrativas, compras cuestionadas y manejos heredados, pero no se observa una acción firme y concreta para impulsar una investigación fiscal sobre el patrimonio y la gestión de su antecesor.
Si existen elementos, documentos o sospechas serias, corresponde presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, no limitarse a declaraciones ante cámaras y micrófonos. El IPS no necesita únicamente relatos de desorden institucional; necesita responsabilidades claras, auditorías profundas y acciones judiciales cuando correspondan.
La ciudadanía, los asegurados y los jubilados no pueden quedar atrapados en una nueva puesta en escena. Si el actual titular del IPS realmente encontró irregularidades, debe llevarlas a la Fiscalía. De lo contrario, sus denuncias corren el riesgo de convertirse en simples titulares sin consecuencias.
El patrimonio de Jorge Brítez, su salida del IPS y las supuestas irregularidades heredadas merecen una revisión seria. Pero esa revisión no puede depender de entrevistas radiales ni conferencias de prensa. Debe pasar por los canales institucionales.
Porque denunciar en los medios puede generar ruido. Denunciar ante la Justicia puede generar consecuencias.