La senadora Esperanza Martínez lanzó duras críticas contra el sistema de justicia tras la difusión de un video en el que un supuesto representante de la multinacional LAMPA se jactaría de haber frenado investigaciones por contaminación ambiental en Paso Yobái, gracias a gestiones y lobby ante autoridades del Estado.
Según la legisladora, el material fue remitido por vecinos de la comunidad, quienes desde hace años denuncian presuntos hechos de contaminación vinculados a actividades extractivas en la zona. En su publicación, Martínez señaló que el representante empresarial habría reconocido que, mediante contactos con el titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y otras autoridades, lograron “salvar” a los denunciados y frenar procesos investigativos.
De denunciantes a imputados
Pero el punto más grave —según la parlamentaria— no es solo el freno a las investigaciones, sino que quienes denunciaron los supuestos daños ambientales terminaron imputados por el Ministerio Público.
“Vecinos que exigieron respuestas al MADES y a la Fiscalía hoy enfrentan procesos penales, algunos incluso con prisión domiciliaria”, cuestionó Martínez, calificando el hecho como un reflejo de la desigualdad en el acceso a la justicia.
La situación expone una paradoja preocupante: mientras las denuncias por contaminación no avanzan con la misma celeridad, los ciudadanos que reclamaron intervención estatal enfrentan consecuencias judiciales.
Cuestionamientos al sistema judicial
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Fiscalía y del Poder Judicial en causas que involucran a empresas de gran porte. Organizaciones sociales de la zona han sostenido reiteradamente que existe una asimetría en el tratamiento de las causas, donde los sectores empresariales contarían con mayores herramientas de defensa e influencia.
La senadora fue contundente al cerrar su publicación:
“Este es el espejo de lo que está pasando en Paraguay: negocios e impunidad para los poderosos, persecución para la gente que defiende sus derechos”.
Un debate de fondo
Más allá del caso puntual, el conflicto en Paso Yobái reabre el debate sobre:
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El control ambiental en zonas de explotación minera.
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La independencia del Ministerio Público en investigaciones que afectan a grandes empresas.
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La protección de denunciantes ambientales y defensores comunitarios.
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El rol del MADES en la fiscalización y sanción de posibles hechos de contaminación.
Hasta el momento, no se registró una respuesta oficial pública de la empresa mencionada ni de las autoridades señaladas en el video.
El caso promete escalar en el ámbito político y judicial, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones vuelve a estar en el centro de la discusión.