El escándalo ya no pasa solo por un diploma colgado en la pared. La sospecha es más grave: certificados auténticos, emitidos por instituciones formales, pero sostenidos sobre antecedentes académicos presuntamente fraguados.
En ese esquema aparecen nombres como Hernán Rivas y Nasser Esgaib, señalados por acceder a títulos de abogado sin que existan rastros claros de una vida universitaria real.
Acceder al título de abogado en Paraguay no debería ser un trámite exprés ni una formalidad vacía. El recorrido exige años de cursado, exámenes, aprobación de materias, registros administrativos, expedición del diploma, legalización y finalmente matriculación ante la Corte Suprema de Justicia. En teoría, el sistema está lleno de filtros. En la práctica, la sospecha es que esos filtros pueden ser burlados si la maniobra nace desde adentro.
Ahí está el punto central del escándalo. El problema no sería solamente la existencia de un “título falso”, como suele decirse de manera simplificada. La sospecha más delicada es otra: títulos auténticos en su forma, pero sustentados en contenido falso. Es decir, documentos originales, emitidos por canales institucionales, aunque basados en notas, cursados, exámenes y antecedentes académicos que nunca habrían existido en la realidad.
Si esa hipótesis se confirma, el esquema no empieza en el Ministerio de Educación ni en la Corte Suprema. Empieza mucho antes: en la universidad. Es ahí donde se cargan notas, se confeccionan actas, se arma el historial académico y se construye el expediente del supuesto egresado. Si esa base documental ya llega adulterada o fabricada, lo que sigue después puede convertirse apenas en una cadena de validaciones formales sobre papeles aparentemente correctos.
En otras palabras, el Ministerio no necesariamente verifica si una persona fue a clases, rindió exámenes frente a docentes o compartió aula durante cinco años con compañeros identificables. Lo que revisa, en términos administrativos, es si la universidad está habilitada, si el título fue expedido por una institución reconocida y si la documentación presentada cumple con los requisitos formales. Si el fraude ya viene “lavado” desde la casa de estudios, el control posterior corre el riesgo de transformarse en una simple ventanilla de paso.
Por eso las dudas que rodean a casos como los de Hernán Rivas y Nasser Esgaib no se despejan con mostrar un diploma o repetir que el documento “es original”. Ese no es el corazón del problema. La pregunta de fondo es otra: ¿dónde están los rastros de la carrera? ¿Dónde están los registros sólidos de asistencia, evaluaciones, procesos de formación, compañeros de promoción, docentes, defensas, prácticas y vida académica real?
Según denuncias que circulan desde hace tiempo, existirían incluso tarifas para este tipo de operaciones irregulares: montos que irían desde millones de guaraníes para certificaciones de especialización hasta sumas mucho mayores para carreras completas y títulos universitarios. Si eso efectivamente funcionó así, no se trató de un hecho aislado ni de una improvisación individual, sino de un negocio montado sobre la degradación del sistema educativo y la prostitución de los controles institucionales.
Ese es el dato más demoledor de todo este escándalo: nadie “compra” un título de abogado sin una cadena de complicidades. Para que un papel llegue a convertirse en credencial profesional, alguien debió cargar notas, alguien debió validar actas, alguien debió firmar, alguien debió registrar, alguien debió mirar para otro lado. No alcanza con señalar al beneficiado final si detrás operó toda una estructura dispuesta a fabricar abogados de escritorio.
También por eso resulta cada vez más difícil para los sospechados exhibir algo tan básico como compañeros de promoción, fotografías de aula, testimonios consistentes de cursado o recuerdos verificables de su paso por la facultad. Cuando la carrera no se vivió, la memoria académica no existe. Y cuando no existe, lo único que queda es el documento frío, el sello y la firma.
El caso, entonces, excede largamente a dos nombres. Lo de Rivas y Esgaib funciona como símbolo de una sospecha mucho más grande: la de una élite política que no solo habría buscado títulos para adornar currículums, sino para comprar prestigio, blindaje y poder. Porque en Paraguay, ostentar el rótulo de “abogado” no es solo una cuestión académica; también es una credencial de influencia.
Lo más grave es que si el sistema permitió que personas sin formación real llegaran a ocupar espacios de poder, entonces no falló solo una universidad. Falló la cadena completa de control. Y cuando cae la credibilidad del título, cae también la confianza en las instituciones que lo validan.
Mañana, la lista podría ampliarse. Y si eso ocurre, ya no estaremos hablando de casos aislados ni de escándalos personales. Estaremos frente a una radiografía brutal de cómo algunos convirtieron la educación superior en una fábrica de legitimidades truchas: títulos originales, sí, pero con contenido falso.
Nuestro medio, empieza un seguimiento de los sospechados, desde mañana, incluiremos otros nombres de políticos sospechados de poseer título real, con contenido falso.
La lista incluye a funcionarios públicos en general y políticos en particular.