En Paraguay, la impunidad ya no es una sorpresa, sino un patrón que se repite con descaro en la administración pública. La reciente designación de funcionarios con procesos judiciales abiertos pone en evidencia una preocupante tendencia: lejos de ser un obstáculo, tener antecedentes de corrupción parece ser una credencial para acceder a cargos clave.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la actual directora de Correos del Paraguay, la doctora Nidia Rosa López de González, imputada por sobrefacturación en la compra de detergentes durante la pandemia, cuando dirigía la Dirección del área social de la Municipalidad de Asunción. A pesar de las graves acusaciones en su contra, hoy maneja otra institución donde la transparencia debería ser la norma, no la excepción.
A su lado, en la misma institución, encontramos a Alfredo Benítez, presidente de la Seccional 44 y director de “Transparencia” (una ironía difícil de ignorar). Este personaje no solo ostenta un cargo estratégico en Correos del Paraguay, sino que también está imputado por su presunta participación en la mafia de los pagarés, un esquema que arruinó económicamente a innumerables ciudadanos con préstamos abusivos y documentos sin finiquito.
El mismo esquema de impunidad se repite en el Ministerio de Salud Pública, donde el ahora exjefe de gabinete, el abogado Luis Carlos Benítez, también enfrenta un proceso judicial por el mismo escándalo de los pagarés. Su reciente renuncia sugiere que la presión mediática aún tiene algún peso, pero la verdadera pregunta es: ¿cuántos más están en la misma situación? Se habla de concejales municipales y otros funcionarios de alto rango que habrían participado en estas prácticas fraudulentas.
La constante presencia de imputados en puestos clave no es casualidad, sino una muestra del debilitamiento institucional del país. Mientras ciudadanos honestos luchan por acceder a oportunidades laborales, quienes deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia ocupan oficinas públicas con sueldos millonarios. Así, la función pública se convierte en refugio de “bandidos” que siguen manejando recursos del Estado sin ninguna consecuencia real.
El problema no es solo la corrupción, sino la complicidad de un sistema que permite que estas personas sigan en el poder. ¿Hasta cuándo?