Lo ocurrido en la Junta Municipal de Itauguá no es un simple cruce político ni una diferencia de interpretaciones administrativas. Es un episodio que expone una grave falla en el ejercicio de la función pública y que merece una atención seria por parte de la ciudadanía.
En la sesión del 21 de agosto de 2024, conforme al marco legal y reglamentario vigente, se realizó la elección de la Presidencia de la Junta Municipal para el período 2025–2026. El proceso fue desarrollado en sesión formal, debatido, asentado en acta oficial y aprobado por los concejales presentes. Hasta ese momento, el procedimiento siguió el curso institucional correspondiente.
Sin embargo, tiempo después, la concejala Gloria Salinas, acompañada por otros tres ediles, intentó instalar públicamente la versión de que dicha elección “no tiene validez” y que la mesa directiva carece de legitimidad. El dato central que vuelve insostenible esta postura es que la propia concejala firmó el acta que hoy pretende desconocer.
La situación alcanzó un nivel aún más preocupante cuando, al ser consultada sobre su firma, la edil admitió que no leyó el documento que rubricó.
Esta afirmación no es un detalle menor. Es una admisión directa de negligencia institucional. Un concejal no firma papeles simbólicos: firma decisiones que afectan el funcionamiento del municipio, la legalidad de los actos administrativos y la estabilidad política de la institución. Decir “no leí lo que firmé” equivale a reconocer una falta de responsabilidad incompatible con el cargo que se ejerce.
La pregunta es inevitable:
👉 ¿Cómo puede una autoridad municipal desconocer un acto que ella misma avaló?
👉 ¿Qué garantía tiene la ciudadanía de que las decisiones adoptadas responden a un análisis serio y consciente?
La función pública exige coherencia, compromiso y respeto por los procedimientos. Nadie puede alegar desconocimiento sobre documentos oficiales que llevan su firma, y mucho menos cuando se trata de resoluciones clave como la conformación de una mesa directiva.
La ciudadanía de Itauguá merece representantes que actúen con seriedad, que asuman sus responsabilidades y que no intenten reescribir la historia administrativa según conveniencias políticas del momento.
Porque cuando una firma pierde valor, no se debilita solo un acta: se debilita la institucionalidad.
Y cuando la irresponsabilidad se normaliza en la política, el costo lo paga la confianza pública.