El juez de Paz de Gral. Díaz, Pablo Martínez, habría ordenado a la Policía identificar y citar a un ingeniero que accidentalmente lo salpicó al pasar con su vehículo por un charco. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados trató el caso, pero no logró los votos necesarios para abrir juicio, y la causa fue archivada.
De acuerdo a los antecedentes, el ingeniero agrónomo Guillermo Insfrán Bauman comentó que el 20 de marzo del 2025, en la ciudad de General José E. Díaz que involucraría al juez de paz Pablo Martínez y adjuntó a su presentación la copia del acta de procedimiento policial referida al caso.
Insfran Bauman mencionó que el 20 de marzo del 2025 se trasladó en su vehículo particular hasta la ciudad de General Díaz a fin de captar imágenes de la zona, que en ese momento se encontraban bañadas por el río Pilcomayo y fomentar de esa manera el turismo nacional a través de plataformas digitales.
Asimismo, manifestó en dicha nota que al llegar a un hotel de la localidad se acercaron a él dos oficiales de la Policía Nacional quienes le solicitaron sus datos personales por orden del juez de paz, abogado Pablo Martínez, a fin de citarlo al día siguiente al juzgado. Seguidamente los oficiales mencionaron que el procedimiento se dio debido a que al ingresar a la ciudad y al transitar por la ruta PY 05 el se encontraba caminando y que al pisar con su vehículo un charco, el agua salpicó los zapatos del magistrado.
Expuso de igual manera que al día siguiente compareció ante el juzgado y que luego de que el juez lo hiciera esperar hasta las 13 horas, lo recibió y manifestó su postura de que lo había salpicado intencionalmente. Aclarando el mismo que lo ha acontecido de ninguna manera fue intencional, ofreciendo en ese sentido sus disculpas, las cuales no fueron aceptadas por el juez.
El Dr. César Garay, presidente del órgano, votó por el inicio del enjuiciamiento y por solicitar a la Corte su suspensión en el cargo, “por las graves e intolerables presunciones de mal desempeño”.
A su postura se adhirió la vicepresidenta del órgano, Dra. Alicia Pucheta y el senador Mario Varela.
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
El Dr. Manuel Ramírez Candia, subrayó que el hecho que se le atribuye al juez de por sí es grave, “sería un acto de arbitrariedad y es que realmente se confirma”, sin embargo, remarcó que puntualmente se lo señala de haber ordenado identificación de un vehículo y haber ordenado supuestamente la comparecencia de un ciudadano ante su presencia, “pero de la constancia que se trae aquí a la vista de este jurado, que es acta de procedimiento policial, etcétera, no consta ninguna orden del juez. Es más, en una de las actas dice que la orden la dio el secretario por teléfono y cualquier persona, más todavía un funcionario público, sabe que una orden tiene que ser escrita dentro de la función pública”.
También hizo especial énfasis en sus antecedentes, por los cuales fue apercibido, sin embargo votó por llevar a cabo una investigación preliminar. “Considero yo necesario requerir, por ejemplo, la manifestación del secretario, requerir la existencia de la supuesta orden de identificación y también de convocatoria a su despacho”, refirió.
ARCHIVO DE LA CAUSA
A su turno, el consejero Enrique Berni, manifestó que de las documentales tenidas a la vista, “es menester significar que las mismas no cuentan con la indicación de hechos que puedan ser considerados a los efectos del cumplimiento de los requisitos requeridos por el artículo 18 de la ley 6008/21 referido específicamente a la gravedad, notoriedad o afectación en el interés público o social, los cuales deben ser verificados previa y necesariamente como requisito sin ecuanon para hacer uso de la facultad oficiosa de este órgano colegiado”.
Subrayó que , a su criterio, los hechos no revisten una entidad que alcance relevancia pública suficiente para justificar una intervención de oficio por parte de este jurado.
Puntualizó que, sin embargo, en todo caso este suceso podría ser objeto de valoración ante el Tribunal de Ética del Poder Judicial por eventuales implicancias, pero solamente de naturaleza ética o moral.
A su voto, se plegaron el senador Derlis Maidana y el diputado Alejandro Aguilera, sumando así tres votos también.
Debido a que no se reunieron los votos requeridos por la norma, la causa fue archivada.
ENTORPECIÓ PROCEDIMIENTO POLICIAL
En noviembre del 2024, el Jurado apercibió a este mismo juez por dos hechos:
La primera causal de su apercibimiento fue por entorpecer un procedimiento policial. Según el Informe del comisario Jorge Arbo, del puesto policial Nº 2 de Pozo Colorado, que refiere que el 24 de mayo del 2023 agentes policiales realizaron controles a un ómnibus que transitaba sobre la ruta Transchaco, en el cual viajaba el juez Martínez Cardozo, quien insistentemente objetó e impidió el control del rodado.
La segunda fue por ausencias reiteradas e injustificadas. Una de las primeras ausencias se constató el 7 de julio de 2023, tanto por el presidente de la Circunscripción Judicial como por parte del personal policial interviniente. El juez magistrado no comunicó en tiempo y forma sus ausencias del 10 al 14 de julio del 2023. Si bien presentó certificado de reposo posteriormente, este no cumplía las disposiciones legales para su validez.