05 DE FEBRERO DE 2021
La agente fiscal Natalia Montanía fue apercibida ayer por no comparecer a una audiencia preliminar, en la que tampoco estuvo el acusado por la muerte de la jueza Diana Eveline Mereles, ocurrido el año pasado. Se trata de la segunda suspensión de la preliminar.
Por Edgar Medina
La jueza penal de garantías interina, María de Fátima Burró, apercibió a la representante del Ministerio Público, quien se ausentó sin justificación, y advirtió con declarar abandonada la defensa a las abogadas Natalia Noemí Ayala y Liliana Acosta.
La magistrada hizo una nueva convocatoria a la fiscala para el próximo 18 de febrero a las 11.00, así como a los querellantes Derlys Martínez y Pedro Miguel González Fariña.
Tanto el acusado, Scappini Villalba, como la fiscala Montanía se ausentaron ayer, por lo que la magistrada interina tuvo que suspender la audiencia preliminar sobre el crimen.
La agente fiscal había presentado acusación por homicidio doloso con pedido de elevar el caso a juicio oral y público contra Scappini Villalba, de 28 años, como autor del crimen. El mismo había confesado que cometió el hecho bajo efecto de alucinógenos.
En el caso están imputadas otras dos personas, que supieron del crimen y no avisaron a las autoridades policiales y fiscales.
El crimen ocurrió el 27 de junio del año pasado en el local del Poder Judicial de Hernandarias. Scappini Villalba se desempeñaba como personal de seguridad nombrado del Poder Judicial y era quien debía cuidar la integridad de la magistrada, quien estuvo trabajando en día inhábil para poner al día sus expedientes, según los antecedentes.
El hombre utilizó un extintor para golpear a su víctima, quien trató de defenderse, y habría rodado desde el segundo piso al primero, luego de allí logró bajar a la planta baja, donde fue estrangulada con un cable con el que fue arrastrada por el pasillo y golpeada varias veces con una piedra hasta fallecer, conforme a la imputación fiscal.
Los familiares pidieron que también se investigue a los responsables del nombramiento de una persona que ya tenía antecedentes de adicción, como funcionario de seguridad del Poder Judicial, pero la investigación no avanzó hacia esa arista. Los gremios de abogados del Alto Paraná también exigieron dicha investigación, sin tener respuestas.
Fuente: Ultima Hora.