Las trabajadoras denunciaron una campaña de hostigamiento que habría durado 17 meses. Su defensa cuestiona que el juzgado haya considerado que, por ejercer cargos públicos, debían soportar un mayor nivel de crítica en las redes sociales.
Ocho funcionarias del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) presentaron un recurso de apelación y nulidad contra una resolución del Juzgado de Paz del Distrito de San Roque de Asunción, que dejó sin efecto las medidas de protección dictadas a su favor y rechazó la denuncia por supuesta violencia contra la mujer.
De acuerdo con una publicación de Cuarto Poder, el juzgado sostuvo que las denunciantes, por ser funcionarias públicas, se encuentran sometidas a un umbral más amplio de críticas. La defensa cuestiona este argumento y afirma que las publicaciones denunciadas no estaban dirigidas a fiscalizar la gestión institucional, sino a desacreditar a las trabajadoras por su condición de mujeres.
Según los antecedentes divulgados, las funcionarias denunciaron haber soportado durante aproximadamente 17 meses una campaña de hostigamiento mediante una cuenta de Facebook. Los mensajes presuntamente incluían expresiones degradantes, insinuaciones sobre su vida privada y afirmaciones que vinculaban el acceso de algunas de ellas a cargos de dirección con supuestas relaciones personales, antes que con sus méritos profesionales.
Como elementos de prueba, las denunciantes habrían presentado cerca de un centenar de capturas de pantalla, además de un acta notarial relacionada con mensajes remitidos directamente a los teléfonos de algunas de las afectadas.
En la causa fueron denunciados Fredy Bernardo González Arrúa, Bernardo Diosnel Sosa Keémal, Rubén Estanislao Galeano y Arnaldo Andrés Britos Blanco. Los hechos atribuidos a estas personas deberán ser esclarecidos dentro del proceso correspondiente y bajo las garantías de la presunción de inocencia.
Medidas inicialmente otorgadas
El caso tomó estado público en junio, cuando el Juzgado de Paz de la Recoleta dispuso medidas urgentes de protección para las ocho funcionarias. En aquella oportunidad se ordenó a los denunciados no acercarse a las trabajadoras, sus familiares ni a los lugares que frecuentaban. También se prohibieron los actos de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, incluso mediante terceros o medios tecnológicos.
A raíz de aquella disposición judicial, el INDERT trasladó preventivamente a los cuatro funcionarios a dependencias ubicadas en Concepción, Paraguarí, Guairá y San Pedro, según informó oficialmente la propia institución.
Sin embargo, una resolución posterior del Juzgado de Paz de San Roque habría levantado las medidas y rechazado la acción. La defensa sostiene que el fallo no estudió individualmente la situación de cada denunciante y cuestiona que la falta de identificación plena del responsable de la cuenta anónima haya sido utilizada como argumento para desestimar el caso.
Lo que establece la Ley 5777
La Ley 5777/2016 reconoce expresamente diferentes formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la violencia telemática, mediática, simbólica y contra la dignidad.
La violencia telemática comprende la difusión de mensajes, imágenes, audios o videos que afecten la dignidad o intimidad de las mujeres mediante tecnologías de la información. La normativa también considera violencia contra la dignidad a las expresiones que desacrediten, desvaloricen, degraden o afecten a una mujer.
Además, el artículo 46 establece que, para resolver medidas cautelares y de protección personal, en caso de duda se debe atender a lo manifestado por la denunciante. La misma disposición prohíbe exigirle que realice actuaciones, citaciones, notificaciones u otras diligencias que correspondan a los funcionarios del sistema de atención o de justicia. El contenido completo de la norma puede consultarse en la Ley 5777/2016.
Defensa solicita restituir la protección
La abogada Ximena López, representante legal de las ocho funcionarias, presentó un recurso de apelación y nulidad mediante el cual solicita que un tribunal superior revise la resolución y restablezca inmediatamente las medidas de protección.
La defensa sostiene que las trabajadoras permanecen expuestas a nuevas publicaciones, hostigamientos o eventuales represalias mientras se tramita el recurso.
La publicación que dio a conocer el caso no incluye la versión de los denunciados ni una explicación pública del Poder Judicial sobre los cuestionamientos formulados contra la resolución. Canal E mantiene abierto el espacio para las aclaraciones de todas las partes involucradas.