Claudio Nill Barúa llega a la elección de decano de la Facultad Politécnica de la UNA bajo fuertes sospechas de presunto planillerismo en el Ministerio de Educación, cuestionamientos por superposición de horarios y planillas de asistencia que siguen sin una explicación convincente. El MEC anunció una investigación, pero no presentó resultados. Barúa tampoco aclaró documentalmente las contradicciones. Ahora, la responsabilidad también alcanza a los miembros del Consejo Directivo que deberán decidir si, pese a todo, lo convierten en decano.
Este jueves 20 de agosto, a las 17:00, la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción elegirá a sus autoridades para el periodo 2026-2031. Claudio Nill Barúa Acosta, actual vicedecano, competirá por el decanato frente a Silvia Leiva y Daniel Domecq, según el proceso electoral oficial de la propia FP-UNA.
Pero no será una elección cualquiera.
Los miembros del Consejo Directivo tendrán que decidir si entregan la conducción de una de las facultades más importantes de la UNA a un candidato sobre quien todavía pesan serios cuestionamientos por un presunto caso de planillerismo en el Ministerio de Educación y Ciencias.
Y desde mañana, el silencio ya no será solamente responsabilidad de Barúa o del MEC.
También quedará bajo observación cada voto que permita llevarlo al decanato sin que antes se hayan esclarecido las denuncias.
El MEC sabía, investigó… y después calló
El propio Ministerio de Educación confirmó a canal-e que la Dirección General de Talento Humano y la Dirección General de Educación Permanente iniciaron averiguaciones sobre el caso de Barúa.
Más importante todavía: el MEC confirmó que los registros y planillas publicados correspondían efectivamente al docente Claudio Barúa.
El Ministerio prometió que daría a conocer “en la brevedad posible” los resultados y las resoluciones correspondientes.
Eso ocurrió el 30 de julio.
La elección es mañana.
Y las conclusiones siguen sin aparecer públicamente.
El silencio comienza, por lo tanto, a ser tan grave como las propias denuncias.
Porque si el MEC constató que Barúa cumplió normalmente sus funciones, debería exhibir los registros y cerrar las sospechas.
Pero si detectó irregularidades, debe explicar por qué hasta ahora no existe una resolución conocida, un sumario o una determinación de responsabilidades.
Lo que no resulta admisible es que una investigación sobre posible cobro irregular de dinero público quede flotando indefinidamente mientras el funcionario cuestionado avanza hacia un cargo todavía más importante.
Planillas firmadas y horarios que no cierran
La investigación periodística no se limita a señalar que Barúa tenía varios cargos.
El punto central está en los horarios y las planillas de asistencia.
Documentaciones analizadas ubican a Barúa cumpliendo funciones para el MEC mientras aparecen actividades académicas en la Universidad Nacional de Asunción en franjas horarias coincidentes. Las publicaciones de canal-e vienen señalando precisamente que esas coincidencias necesitan una explicación documental.
Además, existen planillas de asistencia vinculadas a Barúa que requieren determinar quién las firmó, quién certificó su presencia y cómo podía constar el cumplimiento de una función si, en ese mismo horario, existían obligaciones registradas en otra institución.
La pregunta es elemental:
¿Puede una misma persona estar trabajando presencialmente en dos instituciones diferentes al mismo tiempo?
Si existe una explicación administrativa, que se presente.
Si había cambios de horario, que se documenten.
Si existían permisos o modalidades especiales, que se exhiban.
Pero si una planilla pública consigna la presencia efectiva de una persona en un lugar donde materialmente no podía encontrarse, el problema deja de ser solamente administrativo.
Podría abrirse la discusión sobre la eventual existencia de documentos públicos con información que no se corresponde con la realidad, circunstancia que podría ameritar una denuncia ante el Ministerio Público para determinar si existió alguna conducta penalmente relevante.
Será la Fiscalía, eventualmente, la que deberá establecer la calificación jurídica.
Pero para llegar hasta allí primero debe conocerse la verdad sobre esas planillas.
¿Quién certificaba la asistencia?
Un presunto “planillero” no podría mantenerse solo.
Si finalmente se demostrara que una persona cobraba sin cumplir efectivamente sus funciones, alguien debía controlar.
Alguien debía recibir las planillas.
Alguien debía certificar la asistencia.
Alguien debía autorizar el procedimiento administrativo que terminaba con el pago del salario.
Por eso, una investigación seria del MEC no puede limitarse exclusivamente a Claudio Barúa.
Debe establecer también quiénes eran responsables de controlar y certificar su cumplimiento laboral.
Las publicaciones anteriores incluso mencionaron sospechas sobre una eventual protección desde estructuras relacionadas con la supervisión educativa, aunque hasta ahora no existe una conclusión oficial que permita afirmar que haya existido encubrimiento.
Precisamente por eso el MEC debe investigar.
Y debe hacerlo hasta el final.
Más de G. 46 millones y múltiples funciones públicas
Otro de los cuestionamientos publicados tiene relación con los distintos ingresos públicos atribuidos a Barúa.
Según la documentación divulgada, sus cargos, remuneraciones y jubilación representarían alrededor de G. 46 millones mensuales.
Cobrar esa cantidad no constituye por sí mismo ninguna irregularidad.
El problema es otro:
¿Existió una contraprestación efectiva por cada salario percibido?
¿Los horarios eran compatibles?
¿Se cumplieron realmente las funciones?
¿Quién controlaba?
También existen antecedentes publicados que señalan que Barúa figura como jubilado desde 2025 y, paralelamente, aparecen registros posteriores relacionados con remuneraciones del MEC, una situación que igualmente requiere una explicación administrativa precisa.
Barúa tampoco responde lo esencial
El actual vicedecano tuvo oportunidad de explicar públicamente el caso.
Sin embargo, hasta ahora las respuestas no despejaron la cuestión principal.
Barúa confirmó cargos y reaccionó ante las publicaciones, pero no presentó públicamente una explicación documental completa que permita comprender cómo cumplía las funciones cuestionadas y cómo se compatibilizaban los horarios denunciados.
El debate no es si Claudio Barúa tiene derecho a ser candidato.
Lo tiene mientras reúna los requisitos establecidos por la UNA, y su candidatura fue oficialmente admitida dentro del proceso electoral.
El debate es otro:
¿Puede alguien convertirse en máxima autoridad académica sin haber aclarado primero serias sospechas relacionadas con su propio cumplimiento como funcionario público?
El Consejo Directivo ya no puede mirar hacia otro lado
Hasta ahora, la responsabilidad pública estaba principalmente sobre Barúa y el MEC.
Mañana aparece un tercer actor: el Consejo Directivo de la Facultad Politécnica.
El padrón definitivo oficial identifica a los miembros titulares y suplentes habilitados dentro del proceso electoral. Son ellos quienes tendrán en sus manos la decisión que marcará el futuro inmediato de la institución.
Su voto no determina culpabilidad ni inocencia penal.
Pero sí representa una decisión institucional.
Por eso, quienes decidan apoyar a Claudio Barúa tendrán que asumir también el costo institucional de hacerlo mientras permanecen abiertas sospechas graves que el MEC todavía no aclaró.
Un voto favorable, en este contexto, podría ser interpretado como un intento de “blanquear” políticamente una candidatura fuertemente cuestionada, colocando a Barúa al frente de la institución antes de conocer siquiera el resultado de la investigación anunciada por Educación.
Eso no convierte automáticamente a ningún consejero en “cómplice” de una eventual irregularidad.
Pero sí obliga a preguntar:
¿Qué sabe cada miembro del Consejo sobre las denuncias?
¿Pidieron explicaciones?
¿Solicitaron las planillas?
¿Preguntaron al MEC por el resultado de la investigación?
¿Exigieron a Barúa que aclarara las superposiciones antes de darle su voto?
Porque después de semanas de publicaciones, ya nadie puede decir que desconocía el caso.
Una elección que puede definir mucho más que un decano
Lo que ocurra mañana será determinante.
Si Barúa consigue los votos necesarios, significará que, pese a los cuestionamientos, mantiene respaldo suficiente dentro del Consejo Directivo para llegar al máximo cargo de la Facultad.
Si no alcanza la mayoría, su carrera hacia el decanato quedará frenada mientras permanece abierta la investigación sobre sus funciones en el MEC.
Pero la elección no hará desaparecer los documentos.
Barúa gane o pierda, el Ministerio de Educación debe terminar su investigación.
Y si las verificaciones sobre las planillas revelaran que se certificaron asistencias incompatibles con la realidad, corresponderá determinar responsabilidades administrativas y eventualmente poner los antecedentes a conocimiento del Ministerio Público.
Porque una elección universitaria no puede borrar una posible irregularidad.
Un voto tampoco convierte una planilla cuestionada en verdadera.
Mañana no solo se vota por Barúa
Mañana los consejeros no elegirán únicamente entre tres candidatos.
También deberán decidir qué estándar de transparencia quieren para la Facultad Politécnica.
Podrán exigir primero respuestas.
O podrán votar como si nada hubiera ocurrido.
Y si Claudio Barúa termina convertido en decano mientras el MEC mantiene guardada una investigación sobre presunto planillerismo, entonces la pregunta ya no será solamente qué hizo Barúa.
La pregunta será también:
¿Quiénes decidieron llevarlo hasta el decanato pese a todo?
El MEC tiene documentos.
Barúa tiene explicaciones pendientes.
Y mañana, el Consejo Directivo tendrá los votos.
Después de la elección, cada institución deberá hacerse responsable de sus decisiones.