El contrato fue adjudicado durante la administración de Miguel Prieto a la firma Geocad. Denunciantes sostienen que varios rubros fueron inflados y que el costo habría superado ampliamente los valores legales y de mercado.
La mensura judicial de la histórica ex Finca 66 vuelve a generar cuestionamientos sobre el manejo de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este. Durante la administración de Miguel Prieto, la Comuna adjudicó por G. 2.673.000.000 los trabajos de mensura y actualización catastral de la propiedad, una suma que fue denunciada ante el Ministerio Público por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.
El contrato fue firmado el 19 de mayo de 2021 con la empresa Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, representada por el ingeniero Jorge Daniel Quintana López. Por la Municipalidad suscribieron el entonces intendente Miguel Prieto y Rubén Velázquez, quien se desempeñaba como secretario general de la institución.
La contratación contemplaba trabajos sobre la Finca N.º 29.295, anteriormente identificada como Finca 66, además de relevamientos técnicos, estudios de títulos, amojonamiento, publicaciones y gestiones relacionadas con el procedimiento judicial.
Montos repetidos bajo cuestionamiento
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este denunció que al menos cinco rubros del contrato fueron presupuestados por exactamente G. 267.300.000 cada uno. Los conceptos observados incluyen el estudio de antecedentes del título, el relevamiento y amojonamiento, la publicación de la mensura, la constitución judicial y el acompañamiento de organismos públicos.
Uno de los puntos más llamativos es el pago previsto de G. 267,3 millones para la publicación de la mensura. Según los documentos citados por los denunciantes, el único comprobante conocido por la publicación de un edicto sería una factura de apenas G. 585.000.
También se cuestionó la asignación de G. 267,3 millones para estudiar los antecedentes del título. La denuncia sostiene que, aplicando los aranceles legales invocados por los accionantes, ese trabajo tendría un costo considerablemente inferior.
Los denunciantes estiman que un procedimiento de estas características, considerando las dimensiones de la propiedad y los aranceles correspondientes, habría costado poco más de G. 260 millones. De confirmarse ese cálculo, la Municipalidad habría pagado alrededor de diez veces más. No obstante, esa diferencia deberá ser determinada mediante una pericia técnica y financiera dentro de la investigación fiscal.
Una propiedad con décadas de conflicto
La antigua Finca 66 cuenta con aproximadamente 605 hectáreas y está vinculada a la Finca 13.741, de unas 150 hectáreas. Ambas fueron expropiadas a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante la Ley N.º 35/90.
Las tierras abarcan sectores densamente poblados de barrios como Che La Reina, Pablo Rojas, La Blanca, Mburucuyá, San Antonio, Carolina y Don Bosco. Se estima que alrededor de 20.000 familias se encuentran asentadas en la zona, donde existen desde hace décadas superposiciones de títulos, loteamientos y reclamos de particulares.
Las propiedades fueron inscriptas a nombre de la Municipalidad en 2008. La antigua Finca 66 pasó a identificarse como Finca N.º 29.295, mientras que la Finca 13.741 fue registrada como Finca N.º 29.294.
En julio de 2024, el Juzgado Civil y Comercial del Cuarto Turno aprobó la mensura judicial mediante una sentencia que reconoció los derechos municipales derivados de la expropiación. Sin embargo, el proceso generó oposiciones de propietarios particulares que sostienen que sus inmuebles no forman parte de las tierras expropiadas.