La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción volvió a convertirse en escenario de una disputa que excede ampliamente los límites universitarios.
Lo que estaba en juego no era solamente quién ocuparía el Decanato y el Vicedecanato durante el próximo periodo, sino también el posicionamiento de estructuras políticas y gremiales que en apenas unos meses volverán a enfrentarse por espacios dentro del Consejo de la Magistratura.
En ese tablero, Jorge Bogarín Alfonso y Enrique Berni terminaron coincidiendo en una jugada que golpea directamente al sector de Gerardo Bobadilla y deja debilitado al espacio que buscaba instalar a Marco Aurelio González.
El acuerdo permitió impulsar una fórmula encabezada por Bonifacio Ríos Ávalos, identificado con el sector que acompaña a Berni, mientras que Fausto Portillo quedó como vicedecano dentro del entendimiento con el grupo político-gremial de Bogarín.
La conformación de esta nueva mayoría requirió además un movimiento significativo: Karen González, jueza y esposa de Jorge Bogarín, terminó retirando su candidatura al Vicedecanato. Su renuncia fue comunicada después de la suspensión del proceso electoral de agosto y fue presentada como una decisión destinada a eliminar controversias y permitir que continuara el cronograma electoral.
UNA ELECCIÓN QUE YA HABÍA SIDO FRENADA
El proceso venía precedido de fuertes cuestionamientos.
Las elecciones originalmente previstas para el 20 de agosto fueron suspendidas por orden del Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, luego de una acción planteada por Carlos Aníbal Fernández Villalba contra resoluciones del Tribunal Electoral Independiente de la Facultad.
Incluso antes de la suspensión, el proceso estuvo rodeado de impugnaciones, reuniones políticas y cuestionamientos sobre la integración del organismo encargado de conducir las elecciones.
ABC Color informó en agosto sobre un encuentro del que participaron, entre otros, los ministros de la Corte Suprema Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia, Bonifacio Ríos Ávalos, Jorge Bogarín, Karen González y otros actores relacionados con el proceso electoral, situación que alimentó cuestionamientos sobre la independencia de la contienda.
Finalmente, la elección pudo avanzar y la correlación de fuerzas terminó modificándose.
EL REVÉS PARA EL SECTOR DE BOBADILLA
El resultado tiene una lectura que inevitablemente llega hasta el Consejo de la Magistratura.
Gerardo Bobadilla busca mantener su espacio como representante del gremio de abogados, mientras Jorge Bogarín pretende volver a disputar protagonismo dentro del mismo electorado.
A esa pelea se suma Enrique Berni, otro dirigente con fuerte presencia entre los abogados.
Por eso, lo ocurrido en Derecho UNA adquiere especial relevancia: uno de los principales centros de formación y articulación política del mundo jurídico paraguayo terminó quedando en manos de un entendimiento entre sectores que, hasta no hace mucho, podían aparecer como competidores.
La consecuencia inmediata es el aislamiento del sector asociado a Marco Aurelio González y un golpe político para Bobadilla, que pierde una plataforma importante en momentos en que comienza a tomar temperatura la disputa por el Consejo de la Magistratura.
BOGARÍN Y UNA MARCA QUE NO DESAPARECE
Pero el fortalecimiento político de Jorge Bogarín también devuelve al centro de la discusión uno de sus antecedentes más pesados.
El 23 de marzo de 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó oficialmente a Jorge Bogarín Alfonso por su participación en “corrupción significativa”, junto con Edgar Melgarejo y Vicente Ferreira.
La medida fue adoptada bajo la Sección 7031(c) de la legislación estadounidense y alcanzó también a familiares inmediatos, haciéndolos inelegibles para ingresar a Estados Unidos.
Ese antecedente continúa acompañando políticamente a Bogarín cada vez que intenta recuperar espacios de influencia dentro del sistema judicial.
Y su reorganización tampoco aparece completamente desligada del viejo esquema de Hugo Velázquez.
Una publicación de La Política Online de julio de este año señaló precisamente que Bogarín estaba reclutando dirigentes del equipo político de Velázquez para enfrentar a Bobadilla en la carrera por el Consejo de la Magistratura.
El dato tiene un peso adicional: Hugo Velázquez también fue designado por Estados Unidos por “corrupción significativa” en agosto de 2022 y posteriormente fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en enero de 2023.
Es decir, Bogarín busca reconstruir poder gremial mientras vuelve a rodearse de estructuras identificadas con uno de sus antiguos espacios políticos.
PEÑA NO LOGRÓ ORDENAR EL TABLERO
La otra lectura es política.
El sector que impulsaba a Marco Aurelio González no consiguió construir los votos necesarios para controlar una Facultad históricamente relevante dentro del mundo jurídico.
De acuerdo con las versiones políticas que rodearon el proceso, González era visto como una figura cercana al esquema que buscaba fortalecer a Bobadilla y preservar la influencia del oficialismo dentro del gremio.
Si esa era la apuesta, el resultado fue exactamente el contrario.
La elección terminó fortaleciendo a Berni y Bogarín, dos actores que ahora salen con una estructura renovada de una disputa académica que funciona, al mismo tiempo, como antesala de la batalla mayor entre los abogados.
DERECHO UNA, PRIMER CAMPO DE BATALLA
La elección deja entonces varios ganadores y perdedores.
Berni gana capacidad de negociación.
Bogarín recupera terreno pese a cargar con la designación estadounidense que marcó su carrera pública.
Bonifacio Ríos y Fausto Portillo quedan al frente de una de las facultades más influyentes del país.
Y Bobadilla recibe un golpe justamente cuando comienza la cuenta regresiva para defender su espacio en el Consejo de la Magistratura.
Lo ocurrido en Derecho UNA puede ser solamente el primer capítulo.
Porque detrás de la elección de un decano y un vicedecano ya comenzó otra disputa mucho más grande: quién controlará la representación de los abogados y cuánto poder tendrá cada sector sobre uno de los organismos fundamentales para la conformación del Poder Judicial paraguayo.
En ese escenario, Bogarín —pese a la pesada designación de “significativamente corrupto” que recibió de Estados Unidos— demuestra que está lejos de encontrarse políticamente fuera de juego.