La directora de TEDIC, Maricarmen Sequera, advirtió sobre el avance de tecnologías de vigilancia utilizadas por los Estados y la falta de transparencia en los procesos de adquisición de estos sistemas. La preocupación, según explicó, no se limita a Paraguay, sino que forma parte de una tendencia regional y global en la que las contrataciones públicas vinculadas a seguridad, inteligencia y control ciudadano se manejan cada vez con menor acceso a la información.
¿Y la presunción de inocencia?
Sequera sostuvo que los Estados cuentan con facultades legales para adquirir herramientas destinadas a la persecución de hechos punibles. Sin embargo, remarcó que el uso de tecnologías altamente invasivas debe estar sujeto a criterios estrictos de legalidad, necesidad, proporcionalidad, debido proceso y control judicial.
Uno de los puntos más sensibles mencionados por la directora de TEDIC es la diferencia entre vigilancia específica y vigilancia masiva. En el primer caso, señaló que debe existir una sospecha concreta, autorización judicial y mecanismos de rendición de cuentas. En cambio, la vigilancia masiva implica recolectar información de personas que no necesariamente están vinculadas a un hecho punible, lo que abre la puerta a abusos contra periodistas, opositores políticos, defensores de derechos humanos o ciudadanos que participan en manifestaciones pacíficas.
Falsas antenas de telefonía
Entre las tecnologías señaladas aparecen los IMSI Catchers, dispositivos que pueden funcionar como falsas antenas de telefonía móvil. Según explicó Sequera, estos equipos permiten interceptar y recolectar datos de teléfonos celulares ubicados dentro de un determinado radio de acción, identificando tarjetas SIM, dispositivos y, en ciertos casos, comunicaciones no cifradas como llamadas telefónicas o mensajes SMS.
La referente de TEDIC alertó que este tipo de herramientas puede ser utilizado en marchas, protestas o eventos públicos para identificar a quienes se encuentran en el lugar, incluso si algunas personas solo están pasando por la zona. Esto representa un riesgo de vigilancia indiscriminada, posibles falsos positivos y eventuales mecanismos de intimidación contra la participación ciudadana.
Reconocimiento facial
Sequera también cuestionó la falta de información pública sobre el uso concreto de estas tecnologías. Indicó que no solo preocupa cómo se compran estos sistemas, sino también para qué se utilizan, cuántos casos ayudan realmente a resolver y qué controles existen sobre su funcionamiento. En ese sentido, recordó experiencias vinculadas al reconocimiento facial, donde TEDIC ya había solicitado explicaciones sobre la proporcionalidad y necesidad de su implementación.
Licitaciones y periodismo
La directora de la organización remarcó además que muchas instituciones dejaron de recurrir a procesos abiertos de licitación y comenzaron a utilizar listas cortas o mecanismos amparados en supuestos criterios de seguridad nacional. El problema, afirmó, es que en muchos casos no existen normas claras que justifiquen el ocultamiento de la información, lo que debilita los controles de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.
En ese contexto, Sequera destacó el rol del periodismo y de las fuentes que permiten conocer procesos que no son difundidos por los canales oficiales. Muchas veces, los datos sobre estas adquisiciones salen a la luz por empresas oferentes que no resultaron adjudicadas o por investigaciones periodísticas que logran reconstruir contrataciones manejadas con reserva.
¿Qué poderes le da al Estado?
Para TEDIC, el debate de fondo no pasa únicamente por la compra de tecnología, sino por el tipo de poder que el Estado adquiere cuando incorpora herramientas capaces de vigilar comunicaciones, identificar personas en espacios públicos o construir perfiles ciudadanos sin conocimiento ni consentimiento de los afectados.
La advertencia plantea un desafío urgente: si ya existen obstáculos para conocer cómo se adquieren estos sistemas, el control sobre su uso posterior parece todavía más lejano. En un contexto democrático, la seguridad no puede ser utilizada como argumento permanente para excluir del escrutinio público contrataciones que involucran recursos estatales y tecnologías con impacto directo sobre derechos fundamentales.