El intendente de Lambaré, Guido González, no solo sigue al frente de la administración municipal, sino que además aparece en el escenario político como uno de los jefes comunales colorados que buscan la reelección en las municipales de 2026. Pero mientras el oficialismo acelera su proyecto de continuidad, en la Junta Municipal vuelve a estallar un documento que deja a su gestión bajo una sombra cada vez más pesada.
Una minuta presentada por la concejal Osmayra Pereyra, fechada el 25 de marzo de 2026, expone una diferencia de Gs. 60.560.155.653 entre los montos ejecutados en gastos sujetos a la Ley de Contrataciones Públicas y lo que fue informado dentro del Programa Anual de Contrataciones Públicas. Según el propio escrito, los informes de ejecución presupuestaria de los años 2021, 2022, 2023 y 2024 reflejan desembolsos por Gs. 127.228.330.080, mientras que en las rendiciones de cuentas anuales remitidas a la Junta solo se habría reportado un total de Gs. 66.668.174.427.
La diferencia no es menor, no es técnica y mucho menos pasa desapercibida. Se trata de una brecha multimillonaria que, de acuerdo con la minuta, carece de justificación suficiente y obliga a preguntarse qué pasó realmente con los recursos administrados por la Intendencia. Cuando una gestión pretende renovar mandato, lo mínimo que debe ofrecer a la ciudadanía es claridad. Pero en Lambaré, en lugar de certezas, lo que se acumulan son observaciones, cuestionamientos y pedidos de explicación.
El documento remitido a la Junta Municipal sostiene que esta discordancia podría revelar una grave falta de transparencia en la administración de los recursos públicos. Por eso, se solicita que la Intendencia presente un informe pormenorizado, con respaldo documental de cada contratación, y que también intervengan la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República para auditar los ejercicios observados.
El problema de fondo es político, administrativo y también ético. Porque Guido González no llega a esta nueva polémica con una hoja limpia. Su gestión ya venía arrastrando cuestionamientos públicos, y medios nacionales reportaron en 2024 que el jefe comunal fue imputado en una causa vinculada a la muerte y desaparición de dos militares arrastrados por raudales en Lambaré. A eso se suman otras controversias recientes, como el envío por parte del Ejecutivo municipal de un pedido de préstamo de hasta G. 3.000 millones en pleno año electoral, aprobado por la Junta en enero de 2026.
En ese contexto, el mensaje que deja esta nueva minuta es demoledor: mientras el intendente se mueve en clave electoral y apunta a sostenerse en el cargo, en la Junta aparecen documentos que abren serias dudas sobre cómo se informó —o cómo no se informó— el manejo de millonarios fondos públicos durante su administración.
La discusión ya no pasa solo por una candidatura o una puja interna por el control político de la ciudad. Lo que está en juego es algo mucho más delicado: la credibilidad de una gestión que quiere seguir gobernando Lambaré, pero que hasta hoy no logra despejar con contundencia las sospechas que se acumulan a su alrededor.
Si las cifras están correctamente respaldadas, Guido González tiene la obligación de mostrar los documentos y aclarar punto por punto la diferencia detectada. Pero si las explicaciones no aparecen, el jefe comunal quedará una vez más atrapado en el peor escenario para cualquier administrador público: pedir la confianza de la ciudadanía mientras crecen las señales de opacidad en su gestión.
En Lambaré, las irregularidades denunciadas ya no parecen hechos aislados. Empiezan a dibujar un patrón. Y cuando eso ocurre, la reelección deja de ser una aspiración política legítima para convertirse en una apuesta de alto costo frente a una ciudadanía que hace tiempo reclama respuestas.