El director del Trabajo, Enrique Galeano, explicó este viernes que el Ministerio de Trabajo sigue de cerca la amenaza de paro patronal anunciada por empresarios del transporte, en caso de que el Gobierno no cumpla con el pago de subsidios en un plazo de 10 días
Los gremios CETRAPAM y UCETRAMA advirtieron que de no concretarse el desembolso, podrían iniciar reguladas del servicio e incluso despidos masivos de empleados. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo buscará proteger los derechos de los trabajadores del sector.
“Lo que conocemos es por declaraciones en medios, no existe una comunicación formal al Ministerio. En principio, es competencia del Viceministerio de Transporte, pero si se diera un paro formal, estamos obligados a intervenir para garantizar los derechos laborales», sostuvo Galeano a la radio Universo 970 AM.
El director recordó que en caso de un paro patronal, el empleador debe notificar a la autoridad laboral con al menos 72 horas de anticipación. Además, al tratarse de un servicio público esencial como el transporte, los empresarios deben asegurar un mínimo de funcionamiento para evitar un colapso social.
“Si el paro es calificado como legal por un juez, los salarios no se devengarían por no haber contraprestación de servicios. Pero si es declarado ilegal, los empleadores deberán pagar los salarios completos a sus trabajadores”, explicó.
Por otra parte, Galeano remarcó que si se produjeran despidos, el Ministerio actuaría para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes, sobre todo en el caso de trabajadores con más de 10 años de antigüedad, donde incluso podría ser necesaria una justificación judicial para validar la desvinculación.
“Si la medida escala y deriva en despidos o en un impacto mayor en el empleo, el Ministerio intervendrá en defensa de los derechos laborales. El paro patronal es legal, pero debe cumplir con los requisitos. Y si genera perjuicios desproporcionados, es nuestra obligación actuar”, enfatizó.
El funcionario admitió que las reguladas ya vienen ocurriendo desde hace tiempo como “incumplimientos en las frecuencias de los servicios”, cuestión que actualmente es de competencia exclusiva del Viceministerio de Transporte.