La fiscal Norma Salinas, quien investiga el caso de la humilde familia en Caaguazú donde supuestamente le estafaron y estaría involucrada una funcionaria de Diputados, reiteró que investigará apropiación y estafa.
La Fiscalía investiga a Anadelia Acosta Armoa, funcionaria de la Cámara Baja que hasta ayer estaba comisionada en el Ministerio de la Mujer, por la supuesta apropiación de 725 millones de guaraníes que debían ser entregados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a dos familias de la localidad de Repatriación, Caaguazú, en concepto de indemnización por la muerte por electrocución de dos personas: Antonio Acosta Contrera y Mariano Ramírez Casco.
Los dos cheques intransferibles por 400 millones fueron emitidos por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en septiembre y retirados por Anadelia Acosta y Darío Flores, quienes se valieron de un poder general para asuntos judiciales y administrativos para retirarlos en nombre de sus representados.
En la tarde del lunes, el titular de Diputados Raúl Latorre, informó que dispuso el cese inmediato del comisionamiento de Anadelia Acosta Armoa a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales. Asimismo, la puso a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos y ordenó a la Dirección General de Asesoría la apertura de investigación.