Lakmi S.A., una empresa que acumula adjudicaciones millonarias con instituciones públicas, tiene como principal accionista y presidente a un hombre que asegura desconocer cómo funciona la firma, quién negocia sus contratos y qué ocurre con las ganancias obtenidas mediante negocios con el Estado.

La sociedad fue constituida en 2010 con un capital declarado de G. 1.000 millones. Según documentos analizados por canal-e, Máximo Piris Meza aparece como titular de 80 acciones, equivalentes a G. 800 millones, mientras que su hija, Karina Piris Medina, también figura vinculada a la conformación de la empresa.

De confirmarse que Piris Meza tenía 67 años al momento de la constitución, actualmente tendría aproximadamente 83 años. Su hija, que hoy tendría alrededor de 30 años, habría sido menor de edad cuando se creó la sociedad. Esta circunstancia no demuestra por sí sola ninguna irregularidad, pero exige aclarar quién actuó en su representación, cómo se integró el capital y quiénes aportaron efectivamente los G. 1.000 millones declarados.

Canal-e conversó con Máximo Piris Meza, quien aparece públicamente ligado a la presidencia y composición accionaria de Lakmi S.A. Sin embargo, durante la comunicación afirmó que no está al tanto de los negocios de la empresa.

Según su versión, la administración estaría en manos de Pablo Antonio Aguilar Godoy, quien figura ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como representante legal de Lakmi S.A.

Piris Meza aseguró además que no recibe ninguna compensación económica de la sociedad.

“No recibo salario, ganancias ni ningún tipo de compensación económica de Lakmi S.A.”, manifestó a nuestro medio.

La declaración abre interrogantes difíciles de ignorar. ¿Cómo puede el principal accionista y presidente de una empresa desconocer sus operaciones? ¿Quién toma realmente las decisiones? ¿Quién negocia con las instituciones públicas? ¿Quién administra el dinero y quién recibe finalmente los beneficios de los contratos?

Los documentos patrimoniales disponibles registran acciones, dividendos y cuentas por cobrar relacionadas con Lakmi S.A. No obstante, Piris Meza sostiene que no obtiene ganancias ni conoce el funcionamiento cotidiano de la firma. La contradicción debe ser aclarada por los responsables de la sociedad y por las instituciones encargadas de controlar las contrataciones públicas.

Contratos millonarios con el Estado

Lakmi S.A., con RUC 80054786-1, está inscripta como proveedora del Estado desde septiembre de 2010. A lo largo de los años obtuvo adjudicaciones para provisión de alimentos en municipalidades, instituciones educativas y dependencias del Instituto de Previsión Social.

Entre sus antecedentes aparecen contratos de cientos de millones de guaraníes para almuerzo escolar y una adjudicación del IPS por más de G. 2.451 millones, en la cual fue la única empresa oferente.

El contrato de mayor envergadura es el adjudicado para la provisión tercerizada de alimentos en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas IPS Ingavi. La Licitación Pública Nacional N.º 63/2025, ID 472326, contempla un monto mínimo superior a G. 13.280 millones y un máximo de G. 26.561 millones.

La adjudicación fue aprobada mediante la Resolución del Consejo de Administración N.º 094-009/2025, del 18 de diciembre de 2025. El procedimiento había sido suspendido anteriormente y el código de contratación fue emitido varios meses después, una secuencia administrativa que sigue generando cuestionamientos.

Denuncias de los asegurados

Mientras Lakmi S.A. suma contratos millonarios, asegurados y funcionarios del IPS han presentado denuncias sobre la calidad de los alimentos entregados en distintas dependencias de la previsional.

En Ciudad del Este, trabajadores denunciaron comidas repetitivas, alimentos que presuntamente contenían restos de insectos y restricciones para retirar las raciones. Estas afirmaciones corresponden a denuncias de los afectados y deben ser investigadas por el IPS y los organismos competentes.

El problema ya no se limita a la calidad de un plato de comida. Se trata de recursos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores, administrados mediante contratos que pueden alcanzar decenas de miles de millones de guaraníes.

Resulta inadmisible que una empresa beneficiada con semejantes montos tenga como presidente a una persona que afirma no conocer sus negocios y no recibir un solo guaraní de sus utilidades.

Lakmi S.A. y Pablo Antonio Aguilar Godoy deben explicar quién administra realmente la compañía, quién controla sus cuentas, quién recibe los beneficios económicos y cuál es la participación efectiva de los accionistas declarados.

El IPS, por su parte, debe informar qué controles realiza sobre la calidad de los alimentos, qué medidas tomó ante las denuncias de los asegurados y por qué continúa contratando a una firma rodeada de tantos interrogantes.

Canal-e deja abierto el derecho a réplica de Lakmi S.A., Pablo Antonio Aguilar Godoy, Máximo Piris Meza, Karina Piris Medina y las autoridades del Instituto de Previsión Social.