Nayeli Monserrath Aguilar Rojas está acusada de presuntamente desviar más de G. 2.144 millones mediante 477 transferencias bancarias. Según la información proporcionada por la querella, llegará a la audiencia preliminar bajo custodia, esposada y con tobillera electrónica, debido a supuestos incumplimientos de las medidas judiciales.
Un fuerte despliegue de seguridad marcará la audiencia preliminar del denominado caso “Megaapropiación”, en el que se encuentra acusada Nayeli Monserrath Aguilar Rojas, exauxiliar administrativa de Tesorería de la Compañía Panamericana de Servicios S.A. (COPASSA).
Según la información remitida por la querella, la acusada deberá comparecer ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 10 de Asunción bajo custodia, esposada y utilizando una tobillera electrónica. La decisión obedecería a que habría incumplido en reiteradas ocasiones las medidas impuestas por la Justicia durante el proceso.
La audiencia preliminar, inicialmente prevista para el 3 de septiembre de 2026, fue reprogramada para el 1 de octubre de 2026, a pedido del Ministerio Público. En esa diligencia, el juzgado deberá analizar la acusación y resolver si la causa cuenta con elementos suficientes para ser elevada a juicio oral y público.
Más de G. 2.144 millones y 477 transferencias
De acuerdo con el comunicado de la querella adhesiva, la investigación estableció que, entre junio de 2024 y septiembre de 2025, Aguilar Rojas presuntamente desvió 477 transferencias bancarias por un total de G. 2.144.939.636.
La acusación sostiene que para ejecutar las operaciones habría utilizado las credenciales de banca electrónica que la empresa le había confiado para realizar pagos a proveedores.
Siempre según la querella, las transferencias fueron registradas internamente bajo denominaciones genéricas y se habría hecho figurar como beneficiaria a una clienta que sería ajena a los hechos. La presunta maniobra fue detectada en octubre de 2025, cuando funcionarios del área de Tesorería advirtieron una diferencia contable.
Recuperaron menos del 9%
El documento señala que la acusada restituyó G. 185 millones, suma que representa menos del 9% del perjuicio denunciado. El saldo reclamado por la empresa asciende actualmente a G. 1.959.939.636.
La querella adhesiva formuló acusación por los supuestos hechos punibles de apropiación, lesión de confianza y estafa mediante sistemas informáticos, en concurso.
Terceros y entidades financieras
La investigación también apunta a establecer si terceras personas tuvieron algún grado de participación o conocimiento sobre el destino del dinero. Las operaciones realizadas a través de entidades bancarias y financieras forman parte del análisis documental y del seguimiento de los fondos.
La sola aparición de bancos o financieras en los registros de las operaciones no implica responsabilidad penal de dichas entidades. Cualquier eventual participación deberá ser individualizada y acreditada por el Ministerio Público y las partes durante el proceso.
COPASSA adelantó que se opondrá a cualquier salida alternativa y solicitará que la acusada enfrente un juicio oral y público. La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de responder a los señalamientos durante la audiencia preliminar.
La acusada conserva su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.