El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, en el marco de una causa que investiga el desembolso irregular de más de G. 311 millones en el año 2020.
La imputación fue presentada por los fiscales Néstor Coronel Gamarra, Luz Guerrero y Marlene González, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, dentro de la causa denominada “Sebastián Insfrán y otros s/ Lesión de Confianza y otros”. Además de Prieto, la investigación alcanza a funcionarios municipales y miembros de subcomisiones, entre ellos Sebastián Martínez Insfrán, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Jorge Rivas Rivas Aponte.
Hechos investigados
Según la pesquisa, en 2020 la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración de Prieto, desembolsó G. 311.580.000 provenientes de fondos destinados a “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro”.
Los recursos fueron entregados a dos subcomisiones:
Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares (G. 155 millones).
Subcomisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a Ciudad del Este (G. 156,5 millones)
No obstante, la Fiscalía sostiene que el dinero fue utilizado para pagar servicios que nunca se realizaron, ocasionando un perjuicio patrimonial a la comuna. Para justificar los desembolsos se habrían presentado facturas con contenido falso, entre ellas documentos emitidos por la firma Fasv import/export, un local gastronómico que en realidad se dedica a impartir cursos.
De acuerdo con el acta de imputación, el secretario de la empresa, Diego Daniel Méndez Ramírez, declaró que las facturas fueron confeccionadas a pedido de Juan Quiroga, presidente de una de las subcomisiones. Asimismo, fotografías usadas como respaldo ya habrían sido presentadas en otra rendición de cuentas.
Medidas cautelares
La Fiscalía solicitó un plazo de seis meses de investigación y la apertura formal del proceso penal contra los imputados. Entre las medidas cautelares requeridas se incluyen:
Firmar el cuaderno de comparecencia del 1 al 5 de cada mes.
Prohibición de salir del país sin autorización judicial.
Prohibición de cambiar de domicilio sin previo aviso.