El candidato a intendente de Mariano Roque Alonso abandonó su banca para encarar al legislador Adrián “Billy” Vaesken, luego de ser aludido como uno de los “tránsfugas” del PLRA. La reacción alteró la sesión y desplazó el debate sobre la cuestionada liberación de G. 1.400 millones para la Municipalidad de J. Augusto Saldívar.
La sesión de la Cámara de Diputados quedó marcada por un nuevo episodio de intolerancia y violencia política, protagonizado por el diputado liberal Marcelo Salinas, quien reaccionó con gritos, amenazas y una actitud intimidatoria contra su colega Adrián “Billy” Vaesken.
El enfrentamiento se inició cuando Vaesken cuestionaba la actuación del contralor general de la República, Camilo Benítez, en la liberación de recursos para la Municipalidad de J. Augusto Saldívar. Durante su intervención, el legislador hizo referencia a algunos correligionarios liberales que, pese a pertenecer al PLRA, acompañan habitualmente al bloque oficialista.
“Macanada lo que decís”, gritó Salinas desde su banca, interrumpiendo la exposición.
Vaesken respondió que siempre respetaba a sus colegas, pero sostuvo que no era su problema si algunos “correligionarios tránsfugas” se sentían ofendidos por sus declaraciones.
La expresión provocó la furia de Salinas, quien se levantó de su lugar, avanzó hacia Vaesken y lo encaró en medio de gritos. Otros diputados debieron intervenir para evitar que el conflicto pasara a una agresión física.
La tensión fue tal que la sesión quedó paralizada durante varios minutos. Algunos legisladores solicitaron levantar la plenaria argumentando que no existían garantías para continuar, mientras desde distintos sectores se escuchaban gritos y alusiones a antiguas peleas registradas en convenciones del Partido Liberal.
La amenaza reemplazó al debate
La reacción de Marcelo Salinas resulta especialmente grave porque ocurrió dentro del recinto legislativo, donde las diferencias políticas deberían resolverse mediante argumentos, documentos y explicaciones, no a través de amenazas o intentos de amedrentamiento.
Salinas, además de ocupar una banca en representación del departamento Central, es candidato del PLRA a la Intendencia de Mariano Roque Alonso para las elecciones municipales de octubre. Competirá, entre otros, contra el candidato colorado Julián Vega.
Su conducta abre interrogantes sobre el nivel de tolerancia y autocontrol de un dirigente que pretende asumir la administración de una de las ciudades más importantes del departamento Central.
Un aspirante a intendente que reacciona con amenazas ante una crítica política ofrece una señal preocupante. La administración municipal exige diálogo, capacidad para soportar cuestionamientos, apertura ante los órganos de control y respeto hacia quienes piensan diferente.
En lugar de responder políticamente a la calificación de “tránsfuga”, Salinas optó por levantarse de su banca y encarar a su colega. Su comportamiento terminó convirtiéndose en el centro de la sesión y dejó en segundo plano una denuncia que involucraba recursos públicos.
El cuestionado desembolso de G. 1.400 millones
Antes del incidente, Vaesken exponía ante la plenaria las conclusiones preliminares de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, de la cual forma parte. La integración oficial de la comisión incluye al diputado liberal entre sus miembros.
El legislador cuestionó la liberación de aproximadamente G. 1.400 millones en concepto de royalties para la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, administrada por el intendente liberal Diego Alonso.
Según Vaesken, el desembolso se produjo apenas 14 días antes de las elecciones internas municipales, en las que Alonso buscaba asegurar nuevamente su candidatura.
El diputado afirmó que la comisión había invitado al contralor Camilo Benítez para explicar el procedimiento, pero que este no acudió personalmente y envió en su lugar a un equipo técnico.
De acuerdo con su relato, los funcionarios de la Contraloría no habrían logrado explicar claramente quién dispuso el restablecimiento de las transferencias y trasladaron parte de la responsabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas.
Posteriormente, técnicos del MEF comparecieron ante la comisión y presentaron documentos que, según Vaesken, demostraban que la comunicación para habilitar nuevamente los desembolsos partió de la propia Contraloría.
“Confirmamos que Camilo, de forma arbitraria, habilitó la cuenta de la Municipalidad con una nota que lleva su firma”, sostuvo el legislador durante la sesión.
La nota firmada por el contralor
El documento exhibido corresponde a la Nota CGR N.º 1856, fechada el 30 de abril de 2026 y dirigida al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.
En la comunicación, firmada digitalmente por el contralor Camilo Benítez, la institución señala que había solicitado informes y documentos a la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y que inicialmente no recibió respuesta.
La misma nota agrega que, el 17 de abril de 2026, la comuna finalmente presentó los informes y documentos requeridos. La Contraloría comunicó esa situación al MEF “para su conocimiento y fines pertinentes”.
La controversia se centra en que esa comunicación habría sido utilizada para levantar las restricciones que impedían la transferencia de recursos estatales a la administración municipal.
Publicaciones anteriores ya señalaban que la Contraloría había solicitado al MEF el restablecimiento de los desembolsos, bajo el argumento de que ya no existían razones para mantener el bloqueo.
Denuncias por el pago selectivo de dietas
Vaesken también denunció que el intendente Diego Alonso mantenía una política de discriminación en el pago de dietas a concejales municipales.
Según los cuestionamientos, algunos ediles que acompañaban la administración recibían sus pagos, mientras que quienes fiscalizaban o criticaban la gestión permanecían sin cobrar.
Concejales de J. Augusto Saldívar denunciaron que la retención de dietas se arrastraba desde 2022 y afectaba principalmente a representantes que cuestionaban al intendente. También señalaron que los pagos se habrían regularizado solo parcialmente cuando la situación comenzó a comprometer las transferencias de recursos a la comuna.
Para Vaesken, mientras persistiera ese incumplimiento, las cuentas de la Municipalidad debían continuar bloqueadas.
Sin embargo, la liberación de los fondos se produjo en plena campaña interna, circunstancia que alimentó las sospechas sobre un posible uso político de una decisión administrativa.
Salinas convirtió una denuncia en un escándalo
La actuación de Marcelo Salinas terminó desviando completamente la atención. En vez de debatir el contenido de la nota, solicitar explicaciones al contralor o defender con argumentos la posición de su sector, respondió con gritos y avanzó contra otro diputado.
La violencia verbal y la intimidación física no pueden ser aceptadas como herramientas normales del debate parlamentario.
Que un legislador se sienta aludido por una crítica no le otorga derecho a amenazar a un colega, interrumpir una sesión ni alterar el funcionamiento de una institución de la República.
Salinas podrá cuestionar la expresión utilizada por Vaesken, exigir una rectificación o responder desde su banca. Lo que no corresponde es utilizar la fuerza o la amenaza para intentar silenciar una intervención.
El episodio también revela la degradación del debate en la Cámara Baja, donde una denuncia relacionada con el manejo de G. 1.400 millones terminó sepultada por el comportamiento de un diputado incapaz de tolerar una crítica política.
Marcelo Salinas pretende administrar Mariano Roque Alonso, una ciudad que requiere soluciones, transparencia y capacidad de diálogo. Su reacción en Diputados mostró exactamente lo contrario: intolerancia, agresividad y una alarmante incapacidad para responder con argumentos.
El Congreso no es un ring y una banca parlamentaria no concede permiso para amedrentar. Quien aspira a ejercer poder público debe comprender que será cuestionado, fiscalizado y confrontado políticamente. La respuesta democrática debe darse con documentos y explicaciones, nunca mediante amenazas.